El Parlamento de Navarra ha tomado una decisión importante este jueves al aprobar una moratoria de un año sobre la tramitación de nuevos proyectos para la generación de biometano en la región. Esta medida, respaldada por UPN, PSN, y PPN, contó con el rechazo de EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox, y se implementará con el objetivo de revisar y evaluar el progreso de los proyectos ya en funcionamiento.

La moratoria surgió como resultado de una enmienda presentada por UPN y PSN, en respuesta a una propuesta original de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin que estipulaba una parálisis de dos años para los nuevos expedientes de autorización ambiental de plantas que procesen más de 10.000 toneladas anuales. Este planteamiento, que incluía la suspensión de los trámites que no tuvieran una resolución firme, fue considerado excesivo, lo que llevó a la búsqueda de una alternativa más equilibrada.

Durante la discusión de la ley, Carlos Guzmán, portavoz de Contigo-Zurekin, expresó su preocupación por la posición del PSN y cuestionó la conveniencia de aliñarse con UPN en un momento de negociación presupuestaria, sugiriendo que esta alianza podría resultar comprometedora para sus futuras relaciones políticas.

Con la adopción de la ley, el Gobierno de Navarra deberá evaluar el estado de los proyectos de biometano existentes dentro de un plazo de 12 meses, deteniendo cualquier nuevo proyecto durante este tiempo. Así mismo, los expedientes actualmente en proceso de tramitación se suspenderán, a menos que hayan progresado lo suficiente, habiendo completado etapas cruciales como la exposición pública y la obtención de informes favorables.

Se exceptuarán de esta moratoria aquellos proyectos que ya cuenten con las pertinentes autorizaciones ambientales o que hayan sido designados de interés foral por el Gobierno de Navarra. La vigencia de la suspensión culminará en septiembre de 2026 o cuando se promulgue la normativa correspondiente sobre fertilización orgánica en áreas vulnerables.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, defendió la necesidad de parar y planificar el desarrollo de plantas de biometano para evitar consecuencias no deseadas, insistiendo en que se requiere un modelo claro antes de seguir con el despliegue de nuevos proyectos en un contexto donde ya hay 17 expedientes en circulación.

Por su parte, Miguel Bujanda, representante de UPN, aplaudió la enmienda consensuada como una acción responsable que pone orden al crecimiento desmedido de plantas de biometano en Navarra, priorizando una transición energética más reflexiva y estructurada a diferencia de la propuesta de EH Bildu y sus aliados, que consideró reactiva y carente de fundamentación.

El socialista Carlos Mena también respaldó la necesidad de ordenar el sector, proponiendo que la moratoria debe ser cautelosa y no paralizar proyectos en fases avanzadas. Llamó a evitar confusiones legales que podrían surgir al cambiar las reglas a mitad de camino, enfatizando la importancia de una regulación sensata.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz criticó el enfoque industrial de la nueva normativa, argumentando que esta transición se lleva a cabo de manera demasiado abrupta y puede generar una burbuja especulativa, lo que haría necesario frenar el avance de estos proyectos de biogás.

Irene Royo, del PPN, coincidió con la necesidad de gestionar el crecimiento de plantas de manera ordenada, sosteniendo que la propuesta de EH Bildu no podría aplicarse homogéneamente por las diferencias dentro del territorio navarro. Abogó por una moratoria bien definida que evite problemas legales y garantice la seguridad de los ciudadanos.

Finalmente, Carlos Guzmán advirtió del peligro de que el PSN, al unirse a UPN, se distancie de su base política, describiendo la moratoria como insuficiente y una "farsa". Por otro lado, Emilio Jiménez de Vox expresó su desconfianza hacia el Gobierno de Navarra, señalando que, a pesar de las diferencias internas, la propuesta de ley presentada contradice los intereses de algunos de sus socios políticos.