La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se pronunció el martes sobre los resultados de los informes emitidos por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, los cuales tratan sobre ciertas adjudicaciones del Ejecutivo foral. Según Chivite, aunque se han detectado "errores administrativos", no se ha evidenciado corruptela. "Los errores administrativos no son delitos", afirmó con seguridad.

En una conferencia de prensa, Chivite aclaró que estos informes, relacionados con las adjudicaciones de las obras de Belate, así como de dos promociones de vivienda de protección oficial y un colegio público en Arbizu, fueron solicitados por su propio Gobierno en un esfuerzo por fomentar una mayor transparencia.

Tras realizar un "primer análisis" de los informes, la presidenta aseguró que se llegaron a tres conclusiones clave: en primer lugar, que no existen pruebas de corrupción; en segundo, que no se ha producido un daño económico a las arcas navarras ni a la ciudadanía; y en tercero, que no hay conflictos de intereses evidentes. No obstante, reconoció que los informes mencionan irregularidades en la gestión administrativa.

Chivite matizó que estas irregularidades indican que se han cometido errores en la gestión y que hay un amplio margen de mejora en la tramitación administrativa relacionada con las obras auditadas. Según la presidenta, muchas de estas deficiencias ya habían sido señaladas anteriormente por el informe de la Cámara de Comptos, y el departamento encargado de la Cohesión Territorial ya ha comenzado a adaptar su forma de proceder. Además, hizo especial hincapié en el compromiso del Gobierno de Navarra para modificar la ley de Contratos Públicos y así reducir la discrecionalidad y los vacíos legales.

La presidenta destacó que una irregularidad administrativa no debe ser confundida con ilegalidad o corrupción, tachando de incorrectas las insinuaciones de mordidas. Explicó que el informe divulgado notifica fallas en la gestión y que, aunque se esperaban ciertos hallazgos, hay un importante margen para mejorar la administración. También agradeció a la Oficina Anticorrupción por la prontitud en la elaboración de los informes, que se pretenden utilizar en la comisión de investigación del Parlamento.

Asimismo, Chivite comentó que, a pesar de las irregularidades, no se llevó a cabo un periodo de alegaciones, algo que debería haber sucedido. Sin embargo, se comprometió a presentar las alegaciones pertinentes a la Oficina Anticorrupción.

En su análisis de los aspectos legales del asunto, la presidenta mencionó que los criterios jurídicos aplicados por el Gobierno y la Cámara de Comptos son coincidentes, aunque reiteró que se están preparando alegaciones al informe mencionado.

Sobre la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, Chivite señaló que el informe de la Oficina Anticorrupción hace referencia a un informe de la Cámara de Comptos, pero sus conclusiones difieren en gran medida. La presidenta remarcó que los informes jurídicos del Gobierno no respaldan las afirmaciones de la OANA.

Finalmente, la presidenta comentó que los errores detectados son importantes para el aprendizaje y la mejora, y que el departamento de Cohesión Territorial ya ha abordado estas irregularidades administrativas, que también fueron identificadas por la Cámara de Comptos. Aseguró que se han incorporado estos hallazgos y que el Gobierno tiene un firme compromiso para modificar la ley de Contratos.

Respecto a su confianza en los consejeros Óscar Chivite y José Mari Aierdi, María Chivite afirmó que están examinando los informes con mayor detalle y reiteró que los gastos relacionados con Belate corresponden a la gestión de la Mesa de Contratación, un organismo autónomo encargado de estas licitaciones.

Sobre la posibilidad de que el PPN remita los informes a la Fiscalía, la presidenta manifestó que se deben tomar las decisiones que consideren adecuadas, añadiendo que "los errores administrativos no constituyen delitos".