Crónica Navarra.

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Anticorrupción declara nula la adjudicación de Belate.

Anticorrupción declara nula la adjudicación de Belate.

Un reciente informe ha revelado serias irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Belate, al señalar que el presidente de la mesa de contratación realizó su valoración después de conocer la puntuación asignada por otros miembros. Esta situación ha llevado a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) a calificar los acuerdos de la mesa de contratación como nulos de pleno derecho.

El análisis fue solicitado por el Gobierno de Navarra como parte de una revisión más amplia de diversas adjudicaciones públicas, en el contexto del conocido 'caso Cerdán', que involucra a ciertas empresas mencionadas en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Todos los hallazgos han sido presentados a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

En el documento que ha sido accesible para Europa Press, se indica que cuatro miembros de la mesa de contratación enviaron sus puntuaciones al presidente. Este último, al definir su calificación, ya disponía de la información sobre las valoraciones previas, lo que, según la Cámara de Comptos, va en contra de los procedimientos establecidos.

La OANA subraya que esta práctica infringe las normas que rigen la voluntad de los órganos colegiados y, dado que se considera una violación esencial, el artículo 47 de la Ley 39/2015 estipula que debe considerarse nulo el acuerdo de la mesa respecto a la propuesta de adjudicación.

Además, el informe apunta que no se ha podido confirmar si existieron conflictos de interés que motivaran la actuación del presidente de la mesa. Este aspecto deberá ser analizado a fondo por la comisión de investigación en el Parlamento, que es la entidad que finalmente deberá esclarecer estos puntos.

Finalmente, el documento sugiere que la situación demandaría un examen exhaustivo sobre cómo operan las mesas de contratación, haciendo hincapié en la necesidad de revisar y posiblemente reformar la normativa vigente, en particular la Ley Foral 2/2018, de 12 de abril, de contratos públicos, para asegurar su funcionamiento correcto y transparente.