El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha exigido a las autoridades forales que asuman su responsabilidad tras recibir un informe de la Oficina Anticorrupción que cuestiona la adjudicación de los túneles de Belate, un contrato valorado en 76 millones de euros. Según Esparza, esta adjudicación, que involucra a una UTE con la empresa de Santos Cerdán, es nula de pleno derecho, lo cual plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso.

Después de una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, Esparza subrayó que no han tenido suficiente tiempo para analizar el informe en detalle, pero instó al vicepresidente Félix Taberna a no dar falsas esperanzas. Resaltó que los informes de la Oficina Anticorrupción y de la Cámara de Comptos se enfocan en el ámbito administrativo y no sirven para determinar la existencia de delitos o corrupción en sentido estricto.

El portavoz también hizo hincapié en que la investigación sobre este asunto debería ser realizada por organismos competentes, como la UCO o el sistema judicial, en lugar de depender únicamente de informes administrativos. Criticó a Taberna por su comparecencia reciente, sugiriendo que se limitó a hacer anuncios sin aportar información concreta o relevante.

Al leer las conclusiones del informe, Esparza mencionó que en la evaluación de los criterios de adjudicación, algunos miembros del órgano de contratación compartieron sus puntuaciones con el presidente, quien luego tomó una decisión basada en esa información, un hecho que el informe señala como una violación de las normativas de funcionamiento de los órganos colegiados.

Esparza citó directamente el documento de la Oficina Anticorrupción, que indica que este tipo de infracción puede llevar a la nulidad de los acuerdos de adjudicación, lo que plantea serias interrogantes sobre cómo se manejó el proceso y, por ende, sobre la legitimidad de la adjudicación a la UTE que incluye la empresa de Cerdán.

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu comentó que, según el vicepresidente, los informes de la Oficina Anticorrupción se limitan a aspectos administrativos y no revelan responsabilidades adicionales ni conflictos de interés. Además, reconoció que aún no han podido examinar los informes ya que han sido recién enviados a la comisión de investigación.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se sumó a la conversación, indicando que los informes han llegado recientemente y están a punto de ser analizados, mientras que Maribel García Malo, del PPN, lamentó que la documentación relevante para la investigación no ha sido proveída satisfactoriamente, sugiriendo que los partidos que han obstruido el acceso a la información deben dejar de protegerse mutuamente para permitir que la verdad salga a la luz.

Por último, García Malo calificó como inaceptable el hecho de que aquellos que han dificultado la obtención de información ahora se sorprendan por la falta de evidencias en la investigación. Subrayó que es esencial que los responsables comparezcan ante el Parlamento para dar explicaciones claras sobre la gestión de estas adjudicaciones y la opacidad que, a su juicio, ha caracterizado este proceso.