El 15 de septiembre en Pamplona, ha salido a la luz un contundente informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra que pone en tela de juicio la actuación de la empresa pública Nasuvinsa en relación con un controvertido contrato para la construcción de 62 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Erripagaña. Según el documento, Nasuvinsa ha hecho caso omiso de los principios fundamentales de la contratación pública, indicando que se ha saltado las regulaciones establecidas por la ley foral de Contratos Públicos y el pliego de condiciones que regía este procedimiento.

La investigación sostiene que las múltiples violaciones normativas por parte de Nasuvinsa van más allá de simples irregularidades administrativas, destacando una acumulación de faltas que resultan inaceptables para cualquier entidad que pretenda operar dentro de un marco legal. La Oficina considera que el comportamiento observado en este caso es de tal gravedad que debería ser objeto de un análisis más profundo por las autoridades competentes.

El informe revela que, a pesar de la clara normativa que rige la materia, Nasuvinsa, como administrador adjudicador, no cumplió con las estipulaciones de la ley, dejando en evidencia una falta de atención a los requisitos mínimos para la realización de contratos públicos. Este desdén se traduce en la ausencia de autorizaciones necesarias y en la falta de documentación esencial que debía presentarse durante el proceso de adjudicación.

Entre las irregularidades reveladas, se destaca la falta de autorización del Gobierno de Navarra para llevar a cabo el contrato, así como la omisión de nombramientos cruciales dentro de la Mesa de Contratación. Además, no se aportaron declaraciones de conflicto de intereses por parte de los miembros de esta mesa ni se tomó ninguna resolución que aprobará debidamente el expediente de contratación.

El informe también critica gravemente la falta de documentación crucial presentada por Nasuvinsa, así como la ausencia total de actas que registraran los procedimientos de la Mesa de Contratación. Es preocupante que la licitadora que finalmente ganó el contrato violara explícitamente las normas al incluir información en el sobre equivocado. Esto ha llevado a poner en duda la integridad del proceso y la legalidad del mismo.

Por si fuera poco, el informe resalta la falta de una propuesta formal de adjudicación por parte de la Mesa y la alarmante adjudicación del contrato a una UTE que no cumplía con los requisitos básicos de constitución y presentación de documentación necesaria. La falta de declaraciones de subcontratistas respecto a eventuales causas de descalificación y la no publicación de las actas son otros de los fallos que se han señalado, lo que genera serias interrogantes sobre la transparencia del proceso.

En sus conclusiones, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción enfatiza que los errores cometidos son tan sustanciales que la dirección de Nasuvinsa no ha logrado justificar ni respaldar su accionar con argumentos que se sostengan jurídicamente. Resulta incomprensible que, a estas alturas, la alta dirección de la empresa pública defienda una interpretación del marco normativo que claramente no le es favorable.

La Oficina también critica que el director gerente de Nasuvinsa pretenda justificar la falta de un representante de la Junta de Contratación en la Mesa de Contratación, citando incorrectamente que el valor de los lotes adjudicados no supera una cifra específica, cuando la ley establece claramente la obligatoriedad de la representación de la Junta en cualquier contrato que exceda ciertos límites.

Finalmente, el informe zanja el debate afirmando que no puede aceptarse que Nasuvinsa ignore la obligación de dictar una resolución que apruebe el expediente y permita la apertura del procedimiento de adjudicación, lo que deja en entredicho la seriedad y el compromiso de la entidad con la legalidad y la buena administración de recursos públicos.