En Pamplona, la formación Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha presentado una propuesta destinada a reformar la Ley Foral de Renta Garantizada, con la intención de otorgar este tipo de asistencia por un periodo máximo de tres años. Según la propuesta, durante este tiempo, se establecería un sistema de pagos decreciente: el primer año se recibiría el 100% de la ayuda, el segundo año el 70% y el tercer año el 50%. Además, se incorpora la condición de que los beneficiarios se encuentren en situación regular en el país y no tengan antecedentes penales; de lo contrario, se perderá la ayuda al rechazar cualquier oferta de empleo.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, destacó en una reciente rueda de prensa que su partido siempre ha mostrado solidaridad hacia aquellos en situaciones de vulnerabilidad que requieren apoyo. Sin embargo, subrayó que las ayudas deberían estar diseñadas para fomentar la inserción laboral de las personas beneficiarias.

Ibarrola hizo hincapié en que, a lo largo del tiempo, la renta garantizada se ha implementado sin mostrar la efectividad necesaria, tal como indica un informe de la Cámara de Comptos, que también señala la insuficiencia del control sobre estas ayudas.

La propuesta de modificación establece que para acceder a la renta garantizada, los solicitantes deben estar legalmente en el territorio y no tener antecedentes penales relacionados con delitos graves, como homicidio, lesiones, delitos sexuales, robos o ataques a la autoridad, entre otros.

Además, se exigirá un conocimiento del idioma español, o bien demostrar que se está participando en programas de formación proporcionados por las autoridades. También será necesario escolarizar a los hijos menores y aceptar ofertas de empleo, con algunas excepciones como ser mayor de 65 años, estar en situación escolar, tener una incapacidad temporal o situaciones excepcionales que impidan aceptar el trabajo. El rechazo a estas ofertas o el cometimiento de delitos tipificados en la reforma llevará a la pérdida del beneficio.

Ibarrola explicó que, a diferencia de lo que sucedía antes, donde el acompañamiento para la inserción laboral era optativo, ahora debería ser un requisito desde el inicio de la percepción de la renta garantizada. En este sentido, instó al Gobierno de Navarra a proveer recursos suficientes al Servicio Navarro de Empleo para garantizar un respaldo efectivo en la reintegración laboral de los beneficiarios.

La iniciativa de UPN también propone que la renta garantizada tenga un límite de tiempo de tres años y un sistema de reducción progresiva. Se contemplarán excepciones para familias monoparentales encabezadas por mujeres víctimas de violencia de género, así como situaciones de carga familiar o ingresos que no superen el 1,5 del IPREM, entre otras circunstancias de vulnerabilidad, como enfermedades o discapacidades.

Ibarrola concluyó afirmando que el objetivo es ayudar a quienes realmente lo necesitan, al mismo tiempo que se evita la perpetuación de la percepción de ayudas sin una búsqueda activa de empleo, un objetivo que debe ser prioritario.

Finalmente, la propuesta sugiere la creación de un “servicio específico de inspección” para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos y poder llevar a cabo las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. Además, se planea implementar, tras un año de la aprobación de la reforma, un límite al total de ayudas públicas que puede recibir una persona en situación de vulnerabilidad.