PAMPLONA, 3 de octubre. Hoy, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha revelado que su partido está llevando un caso ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Este caso se centra en varios contratos relacionados con la construcción y urbanización del parque Sendaviva, los cuales, según UPN, han sido fraccionados de manera poco justificada. Estos contratos fueron otorgados por la sociedad pública NICDO a la misma empresa que, curiosamente, había realizado una reforma en la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN) solo unos meses antes.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez de Muniáin detalló que los contratos en cuestión suman un total de 800.000 euros, y que individualmente cada uno de ellos se sitúa por debajo del umbral de 200.000 euros; un monto que, de acuerdo con la legislación, requiere la realización de un proceso de licitación abierto y público. En particular, dos de estos contratos se adjudicaron el 15 de noviembre de 2023 por 199.999 euros, y los otros dos el 15 de diciembre del mismo año por cantidades de 198.886,72 euros y 199.848,74 euros, respectivamente. Esta información fue proporcionada a UPN por el propio Gobierno de Navarra tras su apremiante solicitud, tras la aparición de noticias sobre estos contratos en los medios.

Sánchez de Muniáin subrayó que la ley sobre contratos prohíbe el fraccionamiento de los mismos cuando existe una unidad funcional en los trabajos. En este caso, las obras están relacionadas con la construcción de un edificio de acceso al parque de Sendaviva, su urbanización y mejoras en la instalación de la granja. El parlamentario sostiene que todos estos contratos comparten un objetivo claro: la construcción y urbanización dentro del parque.

El parlamentario también calificó este fraccionamiento como “injustificado”, insistiendo en que UPN ha solicitado documentación que respalde este enfoque y que, hasta ahora, el Gobierno no ha proporcionado ningún informe legal que aclare la situación.

Como resultado de estas indagaciones, UPN ha decidido presentar la documentación pertinente a la Oficina Anticorrupción hoy mismo para que esta examine la existencia de un posible fraude legal. “Si se confirma tal fraude, será necesario determinar si fue llevado a cabo con intención consciente de eludir el proceso abierto. De ser así, estaríamos ante una violación legal deliberada, lo cual podría constituir un delito”, advirtió el parlamentario.

Además, Sánchez de Muniáin no descartó la posibilidad de escalar esta situación a la Fiscalía en el futuro si se confirman irregularidades.

Por último, el parlamentario foral reconoció que, a día de hoy, no hay evidencia que demuestre una conexión directa entre los contratos en cuestión y la reforma de la sede del PSN, aunque enfatizó que dicha circunstancia merece ser investigada, y que su partido intensificará esfuerzos para desentrañar la verdad y determinar las responsabilidades correspondientes.

(Se espera más información al respecto)