El pasado 18 de septiembre, en una sesión del Parlamento de Navarra, Geroa Bai se adhirió a varias propuestas del partido UPN enfocadas en la lucha contra la corrupción en la gestión de contratos públicos.

La coalición apoyó dos de los cuatro puntos de la moción presentada por UPN, optando por oponerse a uno y abstenerse en el cuarto, marcando una diferencia con sus compañeros de Gobierno, PSN y Contigo-Zurekin, así como con EH Bildu, quienes rechazaron la moción en su totalidad. UPN, PPN y Vox respaldaron todos los apartados propuestos.

La moción incluyó un punto que solicita al Gobierno de Navarra la revisión obligatoria por parte de la Junta de Contratación Pública en aquellos concursos públicos que superen los 5 millones de euros y en los que se emita un voto particular en la mesa de contratación.

Otro apartado, que proponía que el presidente del Gobierno foral compareciera ante la posible apertura de una comisión de investigación sobre su propia gestión, no fue aprobado, recibiendo únicamente el apoyo de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se mostraron en contra.

El tercer punto solicitado por la Cámara demandaba al Ejecutivo cumplir al pie de la letra la ley foral de Transparencia en relación con las agendas de los miembros del Gobierno y sus altos cargos, exigiendo la publicación en el Portal de Transparencia de toda información sobre reuniones con empresas u otras entidades. Esta propuesta fue aceptada con el apoyo de UPN, Geroa Bai, PPN y Vox, pero desestimada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.

Finalmente, se planteó un epígrafe que instaba a proteger a los funcionarios que emiten votos particulares en las mesas de contratación de represalias políticas, el cual tampoco prosperó, dado que solo UPN, PPN y Vox lo apoyaron, Geroa Bai se abstuvo y PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin votaron en contra.

Javier Esparza, representante de UPN, cuestionó la legitimidad del Gobierno de María Chivite, acusándolo de otorgar un contrato por 76 millones de euros a una unión temporal de empresas relacionada con Santos Cerdán, quien actualmente está en prisión. Esparza exigió la dimisión de Chivite y manifestó su frustración ante la falta de responsabilidad en la situación.

Ainhoa Unzu, del PSN, respondió acusando a Esparza de distorsionar la verdad al sostener que los informes no evidencian corrupción, sino únicamente irregularidades. Cuestionó la necesidad de una comisión de investigación antes de escuchar pruebas concretas y resaltó la falta de interés de los regionalistas en buscar la verdad.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz criticó la prisa de UPN por acusar corrupción sin esperar la conclusión de la comisión de investigación. Araiz mostró su incertidumbre sobre si los elementos hasta ahora conocidos constituyen casos de corrupción, argumentando que no puede afirmarse con certeza.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, se mostró dispuesto a explorar nuevas medidas de control, pero insistió en que las comparecencias en la comisión dependen de mayorías. Defendió la protección de los funcionarios contra represalias, aunque rechazó lo que considera demagogia al duplicar regulaciones existentes.

En tanto, Javier García del PPN, aseguró que el PSN está intentando escabullirse de una situación complicada, destacando que la sociedad navarra es consciente de lo que está ocurriendo. Ofreció apoyo a la iniciativa de UPN en busca de verdad y transparencia, opinando que Chivite no debería continuar en el cargo.

Por su parte, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin cuestionó la falta de pruebas que justifiquen acusaciones de corrupción y criticó el uso de la moción como un intento de crear una narrativa negativa en torno al Gobierno navarro.

Emilio Jiménez, de Vox, expresó su afinidad hacia el sentido de la moción, aunque mostró dudas sobre la efectividad de ampliar los instrumentos existentes, si bien consideró que movimientos hacia la reducción de la corrupción representan un avance positivo.