PAMPLONA, 18 de septiembre.

En un reciente desarrollo en Navarra, las autoridades han cerrado una residencia ilegal para animales de compañía que operaba en una casa particular. Esta medida se tomó tras las alarmas levantadas por un ciudadano que llevó a cabo una denuncia que culminó con la intervención del SEPRONA, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, que descubrió serias carencias en las condiciones de la instalación.

En la inspección realizada por el SEPRONA, se encontraron varios perros en el lugar, además de constatar el deceso de un animal debido a la agresión de otro. También se reportó un incidente en el que un cuidador resultó herido por una mordedura. Este informe fue fundamental para que el ayuntamiento decidiera clausurar el centro y multar al responsable de esta actividad ilegal. Dos de los perros fueron llevados al Centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona para recibir el cuidado que necesitan.

Las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil pusieron de manifiesto la ausencia de la documentación solicita, la falta de un veterinario a cargo y personal calificado, así como la infracción de normativas urbanísticas, al no ser permisible el funcionamiento de un servicio de este tipo en una vivienda de una zona residencial. A pesar de esto, el lugar había estado promoviendo sus servicios en plataformas digitales.

La legislación vigente sobre protección animal y las normativas municipales demanda que se posea una licencia de funcionamiento, el registro formal como núcleo zoológico, la implementación de protocolos de bienestar animal y controles veterinarios rigurosos, todos aspectos que en esta situación no se respetaron en absoluto.

El cierre de esta residencia ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Pamplona, del municipio en cuestión y del SEPRONA, quienes han colaborado en la investigación y ejecución de esta medida para salvaguardar el bienestar de los animales afectados.

Por lo expuesto, y considerando la falta de licencias y registros, así como las graves carencias en el bienestar de los animales y la incompatibilidad del lugar con las regulaciones urbanísticas, el ayuntamiento tomó la decisión definitiva de clausurar la residencia, poniendo fin a un servicio que se había estado llevando a cabo de manera completamente irregular.