En Pamplona, a 25 de junio, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha decidido dar un paso firme hacia la disolución de Nafarbide, la sociedad pública que gestiona obras en la región, a través de una iniciativa que presentará en el Parlamento de Navarra. Desde la formación política expresan que la actual situación de indicios de corrupción es alarmante y que la desposición de más de 2.600 millones de euros en los próximos 30 años a través de este ente, sin un control riguroso, es un acto de irresponsabilidad.

UPN ha recordado que el reciente informe de la Cámara de Comptos subraya que trasladar una inversión pública de tal magnitud a una sociedad instrumental, lejos de los habituales controles de la administración pública, incrementa el riesgo de malas prácticas, especialmente en el delicado ámbito de la obra pública.

A lo largo del proceso, UPN ha sido la única fuerza política que ha manifestado su preocupación ante esta maniobra, que consideran un claro intento de eludir los controles establecidos. Con el trasfondo de las sospechas de corrupción que rodean al gobierno de María Chivite y al departamento de Cohesión Territorial, enfatizan que no es admissible adoptar medidas que faciliten desvíos o irregularidades en el uso de fondos públicos.

Los regionalistas sostienen que la contratación y gestión de las grandes vías debe permanecer en manos de la Administración foral y no ser transferida a un ente como Nafarbide. Asimismo, recuerdan que la creación de esta sociedad se llevó a cabo a pesar de contar con informes en contra del servicio de patrimonio y la intervención general, que argumentaban en contra de su establecimiento.

La Cámara de Comptos también señaló la falta de justificación en la creación de Nafarbide, así como la peligrosidad de evitar los controles legales establecidos. UPN ha apuntado que, a casi un año de su formación, la sociedad parece estar inactiva y carece de decisiones relevantes, a pesar de haber incorporado a un exconcejal socialista con un salario de 100.000 euros anuales que no está desarrollando funciones claras.

Para UPN, Nafarbide continúa siendo una entidad sin actividad, con una opacidad total que incumple las obligaciones estipuladas por la Ley Foral de Transparencia, lo que lleva a considerar su disolución como urgente. La inquietud radica en que, antes de que se inicien adjudicaciones millonarias sin la vigilancia correspondiente, es necesaria una intervención decisiva.

Finalmente, UPN critica la ironía de que en un contexto donde las sospechas sobre adjudicaciones de obra pública por posible corrupción son evidentes, el gobierno de Chivite pretenda delegar contrataciones a una sociedad vinculada a un exconcejal del PSN, lo que podría intensificar la desconfianza ciudadana respecto a la gestión pública.