En Pamplona, la situación sobre la apertura de dos nuevos centros de acogida para menores migrantes ha generado un debate intenso entre el Gobierno de Navarra y el partido UPN. Este último ha manifestado su descontento, acusando al ejecutivo regional de mantener en secreto la localización exacta de estas instalaciones que se inaugurarán en breve en la Comarca de Pamplona. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha defendido la decisión de no revelar las direcciones por motivos de protección infantil.

Durante una sesión del Parlamento, Maeztu comunicó que la próxima semana se inaugurará un centro de observación y acogida para estos menores y que se espera la apertura de otra instalación en Pamplona poco después. La consejera subrayó que el Gobierno ha estado trabajando en la creación de alternativas residenciales para acomodar a los menores que puedan llegar debido a los cambios en la legislación de extranjería.

En este sentido, Maeztu declaró que ya se han identificado nuevos espacios que podrían ofrecer hasta 100 plazas, aunque recalcó que se deberá esperar al ingreso de los menores para adaptar los recursos disponibles. La consejera destacó que la legislación de protección infantil impide facilitar datos precisos sobre la localidad de los centros, y cuestionó la naturaleza de las preocupaciones de UPN, sugiriendo que posiblemente se basan en prejuicios sobre dónde podrían estar localizados.

Por su parte, la representante de UPN, Cristina López, expresó su confusión ante lo que considera un secretismo innecesario. Argumentó que el Gobierno debería proporcionar información más detallada sobre los nuevos centros, como su ubicación exacta y las características de los recursos que se pondrán en marcha. López añadió que la falta de información genera incertidumbre y preocupación en torno a si los nuevos espacios serán capaces de satisfacer las necesidades de los menores de forma adecuada.

Además, López enfatizó que la cantidad de nuevas plazas anunciadas por el Gobierno es insuficiente para enfrentar la situación crítica que se prevé. Indicó que debido a la naturaleza temporal de la estancia en los centros, es esencial contar con un plan que contemple suficientes recursos para el periodo posterior, ya que el sistema actual está al límite de su capacidad.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz Emilio Jiménez (Vox) también se sumó a las críticas, argumentando que las políticas de inmigración han exacerbado el problema de la llegada de menores no acompañados. Jiménez se preguntó cuántos más podrían ser acogidos, subrayando la necesidad de un enfoque pragmático. En su opinión, los menores migrantes deberían estar con sus familias y no se puede asumir la responsabilidad de acoger a todos, advirtiendo sobre la falta de atención a las necesidades de los ciudadanos españoles.

Finalmente, el portavoz de Vox exigió la repatriación de estos menores, argumentando que España ya enfrenta retos significativos en torno a la pobreza y el bienestar de sus propios ciudadanos, y que hay que priorizar esas necesidades antes de abrir las puertas a cada vez más menores migrantes.