El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo que se suspenda su declaración voluntaria programada para el 25 de junio. Cerdán desea que su comparecencia se posponga hasta julio, argumentando que esto le permitirá a su abogado disponer de más tiempo para revisar toda la documentación relacionada con el caso.

En un escrito presentado ante el magistrado Leopoldo Puente, que está llevando la investigación sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor Koldo García por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública, Cerdán se pone en el foco de la investigación por su posible implicación en estos actos delictivos.

Benet Salellas, abogado de Cerdán y conocido por su defensa durante el 'procés', ha enfatizado que todo investigado tiene derecho a contar con el periodo necesario para preparar su defensa. Por ello, solicita que se retrase la citación, ya que considera que actualmente no cuenta con el tiempo suficiente para estudiar el expediente ni para definir su estrategia de defensa.

El letrado argumenta que su solicitud es razonable dada la complejidad del caso en cuestión, que incluye múltiples imputaciones y delitos, así como la gran atención mediática que ha suscitado. Advierte que, de no ser aceptada su petición, Cerdán ejercerá su derecho a no declarar en la audiencia programada para el 25 de junio, y que solicitará una nueva fecha para declarar más adelante, aunque ya ha comunicado que no podrá asistir el 3 de julio debido a otros compromisos en Barcelona.

La propuesta de Cerdán para una declaración voluntaria fue ofrecida por el magistrado en respuesta al informe de la UCO que analiza grabaciones realizadas por García entre 2019 y 2023, las cuales fueron incautadas en registros realizados en febrero de 2024 cuando se comenzó a investigar este caso.

Es importante señalar que esta oferta se produjo cuando Cerdán aún era diputado del PSOE. Posteriormente, decidió renunciar a su escaño y cambiar de abogado, confirmando su intención de presentarse el 25 de junio ante el tribunal.

Además, se tiene programada una declaración de Ábalos y García como investigados para el 23 de junio, solo dos días antes de la citación de Cerdán.

Por otra parte, la defensa de Cerdán ha enviado una solicitud para que el magistrado exija a la Policía Judicial que le envíe de forma urgente la escritura que acredita que Cerdán posee el 45% de Servinabar, una empresa implicada en el supuesto esquema de comisiones en adjudicaciones. Este documento fue hallado en el domicilio del administrador de Servinabar y revela la participación de Cerdán en la trama que gestionó contratos por más de 75 millones de euros con el Gobierno navarro.

El abogado de Cerdán argumenta que obtener esta escritura es crucial para verificar su contenido y para que su cliente pueda hacer su declaración informada cuando se convoque la diligencia.

El involucramiento de Cerdán en este caso surge a raíz de informes que lo señalan como un actor central en una presunta red de corrupción relacionada con la obtención de comisiones en obras públicas. Se menciona que su papel ha evolucionado a lo largo de la investigación, inicialmente gestionando pagos y luego volviendo a un rol más activo.

La Guardia Civil sostiene que la actividad de esta red comenzó en Navarra, región donde Cerdán tiene influencia. Se ha identificado una conexión inicial en 2015, vinculada a proyectos de obra pública, siendo una explotación minera de potasa el detonante principal de esta red de influencia.

Las pruebas recopiladas indican que Cerdán y García mantuvieron una relación estrecha que se intensificó una vez que Cerdán fue ascendido a una posición relevante en el PSOE en Madrid. Esta conexión le permitió a García, quien fue presentado a Ábalos por Cerdán, acceder a influencias que facilitaron adjudicaciones de obras.

De acuerdo a la UCO, la relación entre Cerdán y García refleja un poder jerárquico que se invertía conforme avanzaban en la política, lo que permitía a García manejar contratos bajo el Ministerio de Transportes, específicamente en Adif y Direcciones Generales de Carreteras.

El informe detalla cómo García intentó utilizar su influencia para lograr adjudicaciones y pagos, con transacciones de dinero que, según se afirma, fueron gestionadas por Cerdán, revelando una red compleja de favoritismos y colusión en la adjudicación de contratos públicos.