El Parlamento de Navarra ha tomado una decisión significativa en su última sesión, aprobando un proyecto de ley fiscal propuesto por el Gobierno regional para el año 2026. La votación se realizó con el respaldo de los grupos PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y EH Bildu optaron por la abstención, y PPN y Vox votaron en contra. La medida clave de esta legislación es una reducción del IRPF para aquellos que tienen rentas inferiores a 32.000 euros.

Además de la modificación en el IRPF, el proyecto incluye una disminución del Impuesto de Sociedades, que pasará del 28% al 25%, siempre y cuando las empresas cumplan con cuatro condiciones específicas: mantener el empleo, no recurrir a despidos por motivos económicos, reducir la siniestralidad laboral y adherirse a la normativa de igualdad.

En la sesión anterior, celebrada el 27 de noviembre, los partidos UPN, PPN y Vox intentaron bloquear esta legislación con enmiendas de totalidad, pero sus esfuerzos fueron rechazados por los socios del Gobierno.

Desde UPN, su portavoz Juan Luis Sánchez de Muniáin ha expresado su descontento, argumentando que las nuevas medidas fiscales perpetúan la desnaturalización del sistema tributario de Navarra. Criticó al Ejecutivo por utilizar la potestad fiscal únicamente como una forma de incrementar los ingresos, ignorando así los posibles efectos adversos que esto puede trae consigo. A su juicio, las medidas anunciadas carecen de sustancia y reflejan una falta de compromiso por parte del Gobierno en lo que respecta a la mejora de la tributación en la comunidad.

Por su parte, Ainhoa Unzu del PSN defendió la nueva ley, describiéndola como "coherente, equilibrada y responsable", y subrayó que beneficiará a aproximadamente 340,000 personas, o el 70% de los contribuyentes navarros. Además, señaló que elevar el umbral de declaración de 14,500 a 17,000 euros proporcionaría un ahorro significativo para muchas familias. Según Unzu, esta es una estrategia adecuada para proteger a la clase media y baja mientras se pide más a quienes poseen mayores riquezas.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, hizo hincapié en que estas propuestas no son el destino final, sugiriendo que en el futuro podrían implementar cambios más significativos si obtienen suficiente respaldo político. Reconoció que aunque estas medidas no son ideadas desde una posición de poder pleno, aún contienen elementos positivos que deben celebrarse. También remarcó que la carga tributaria en Navarra se sitúa por debajo de la media europea.

Mikel Asiain, representante de Geroa Bai, defendió un modelo fiscal donde cada individuo y cada compañía contribuyan según sus verdaderas capacidades. Según él, esto no es un castigo, sino una herramienta de equidad y redistribución. Refutó las críticas de la oposición, alegando que sus propuestas carecen del análisis necesario acerca del impacto negativo que implicarían.

Irene Royo del PPN, aunque admitió que hay ciertos aspectos positivos en la ley, consideró que esta ha sido una oportunidad desaprovechada para reformar a fondo el sistema fiscal en Navarra. Criticó la falta de un diálogo abierto y la exclusión de enmiendas de otros partidos, argumentando que la política fiscal podría haber sido un vehículo para un cambio positivo, pero se está mal utilizando.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido cuestionó las afirmaciones de que Navarra vive un "infierno fiscal", evidenciando que la presión tributaria ha disminuido desde 2007. Se mostró escéptico ante las quejas de la oposición, sugiriendo que existía un deseo de crear un relato erróneo en lugar de reflejar la realidad de la comunidad.

Finalmente, Emilio Jiménez de Vox expresó un firme rechazo al proyecto, describiéndolo como un nuevo asalto fiscal por parte de un Gobierno a su juicio corrupto, que utiliza la fiscalidad para agobiar a las familias trabajadoras mientras alimenta una burocracia inflada y agendas ideológicas. Su postura es clara: la ley representa un aumento encubierto de impuestos bajo la apariencia de reformas superficiales.