La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no ha dudado en calificar de "xenófoba" la reciente moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Jumilla, donde se prohibieron actos musulmanes en el espacio público. Saiz expresó su rechazo contundente ante lo que considera una decisión política que atenta contra la diversidad y la convivencia en España, afirmando que el Gobierno se mantendrá alerta para garantizar el cumplimiento de la Constitución, la cual salvaguarda la libertad religiosa.

En sus declaraciones, la ministra extendió su apoyo a los residentes de Jumilla y les envió un mensaje de tranquilidad, asegurando que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) estará atento a cualquier manifestación de odio o xenofobia en redes sociales. Saiz enfatizó la importancia de la libertad de culto y la prohibición de cualquier forma de discriminación por origen o causa.

Criticó además la postura del Partido Popular ante lo que ella describe como un escándalo internacional, considerando incomprensibles las maniobras de sus portavoces para desviar la atención de este asunto. A su juicio, es inaceptable que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantenga un "silencio atronador" frente a este tipo de decisiones, instando a que se disculpen públicamente con la comunidad afectada.

Saiz hizo hincapié en que los acuerdos entre el PP y Vox deberían ser cuestionados, pues en su opinión, estos buscan intercambiar derechos por presupuestos, promoviendo un retroceso en la convivencia y una imagen de España que no refleja la realidad que muchos desean. Al respecto, la ministra subrayó que el país debe ser un lugar próspero y abierto, que celebre su diversidad cultural.

Refiriéndose al enriquecimiento cultural que la influencia musulmana ha aportado a España, Saiz criticó cualquier intento de minimizar su presencia en ámbitos como el patrimonio histórico y la arquitectura. También alertó sobre el potencial peligro que representa el odio que se propaga a través de las redes sociales, el cual puede trasladarse a las calles y afectar la convivencia pacífica de las comunidades.

Por último, destacó que la ausencia de ciertos ciudadanos, si se fomentara un ambiente de miedo, afectaría gravemente a localidades como Jumilla, donde un significativo porcentaje de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social son extranjeros. En su reflexión, la ministra recordó que semanas atrás, miembros de la iglesia habían denunciado el uso política de la migración y la vulneración de los derechos de los más necesitados, sugiriendo que muchos votantes del Partido Popular podrían sentir vergüenza al escuchar estas críticas, especialmente al recordar que la libertad de culto está garantizada por la Constitución española.