PAMPLONA, 2 de octubre. El Parlamento de Navarra llevó a cabo una votación el pasado jueves que resultó en la aprobación de una moción presentada por la coalición Contigo-Zurekin. Este acuerdo, respaldado por los votos de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, fue rechazado por el Grupo Mixto, representado por Vox, y se abstuvo la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti. La moción pide al Gobierno de Navarra que efectúe cambios normativos para que las personas o entidades con condenas firmes por corrupción no puedan beneficiarse de incentivos fiscales en el marco del Impuesto sobre Sociedades.

La moción, como se expone en su justificación, se sustenta en los artículos del Código Penal que establecen que aquellos que intenten corromper a funcionarios públicos para conseguir contratos deben enfrentarse no solo a penas privativas de libertad, sino también a la pérdida del acceso a incentivos fiscales. La coalición argumenta que la ley foral de Contratos Públicos ya prohíbe a estos condenados participar en contratos públicos, y que la ley de Subvenciones también impone restricciones similares.

No obstante, la legislación actual sobre el Impuesto sobre Sociedades tan solo menciona la exclusión de beneficios fiscales para quienes hayan sido condenados por delitos específicos que conllevan la prohibición de contratar. Por lo tanto, los impulsores de la moción consideran que es urgente extender la medida de ineligibilidad a todos los beneficios fiscales relacionados con este impuesto.

Miguel Garrido, representante de Contigo-Zurekin, vinculó esta moción con el 'caso Cerdán', abogando por mantener el enfoque contra la corrupción. Garrido enfatizó que se deben establecer consecuencias claras para quienes intenten corromper procedimientos administrativos, como un disuasivo ante prácticas corruptas.

Desde UPN, Javier Esparza expresó su escepticismo, argumentando que, aunque la moción suena adecuada en teoría, su efectividad es limitada en la práctica. Crítico con el gobierno actual, Esparza instó a tomar medidas reales de responsabilidad política al respecto.

Ainhoa Unzu del PSN, por su parte, recordó casos en los que empresas involucradas en escándalos de corrupción continuaron obteniendo contratos públicos en otras comunidades, enfatizando que esto no debe ocurrir en Navarra y que es necesario corregir la falta de paralelismo en las normas del Impuesto de Sociedades.

Laura Aznal de EH Bildu subrayó que aquellos que se benefician de los fondos públicos no deberían poder acceder a incentivos fiscales, sugiriendo que la moción es positiva pero que se necesita un enfoque aún más estricto. Proporcionó la idea de que esta materia debería abordarse en una comisión de investigación.

Mikel Asiain, en representación de Geroa Bai, cuestionó la efectividad de la moción al afirmar que repite regulaciones ya existentes, aunque se manifestó a favor de ella, indicando que, a pesar de su redundancia, no resta valor a la legislación actual.

Irene Royo del PPN expresó su apoyo a la iniciativa destacando que es un paso lógico y responsable, aunque criticó la aparente contradicción de la coalición al presentar esta moción tras haber pedido enmiendas para otras medidas fiscales.

Finalmente, Emilio Jiménez desde Vox denunció la moción como una estrategia engañosa para proteger al Gobierno de Navarra, argumentando que lo propuesto ya está claramente establecido en la legislación vigente, por lo que consideró la moción como innecesaria.