La controversia sigue latente en el Parlamento de Navarra, donde UPN, PPN y Vox han expresado su firme oposición al reciente plan de trabajo establecido por la comisión de investigación respecto a las adjudicaciones de obras públicas en las últimas cuatro legislaturas. Mientras que los partidos del Gobierno, como el PSN y EH Bildu, han mostrado su satisfacción con el acuerdo, la desconfianza entre las partes se intensifica.

En la reunión, se decidió convocar a 40 testigos, entre ellos figuras destacadas como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Koldo García, antiguo asesor ministerial. Sin embargo, la demanda de comparecencias de personalidades como el exministro José Luis Ábalos y la actual presidenta del Gobierno, María Chivite, fue desestimada. Las comparecencias están programadas para comenzar el 14 de octubre próximo.

Javier Esparza, portavoz de UPN, no dudó en calificar la situación como un "escándalo", denunciando un presunto "pacto en la oscuridad" entre el gobierno de Chivite y sus aliados. Según Esparza, esta situación revela que "el PSN, Geroa Bai y EH Bildu están alineados" y se han coordinado no solo para definir quiénes comparecerían, sino también para establecer las informaciones que serían solicitadas. A su juicio, estos partidos priorizan su permanencia en el poder sobre la búsqueda de la verdad.

Desde las filas del PSN, Javier Lecumberri defendió la transparencia de su partido, afirmando que no tienen nada que ocultar y que han colaborado en otras votaciones de forma proactiva. Criticó, además, los intentos de algunos partidos de desviar el propósito de la comisión hacia un panorama de confusión y enfrentamiento, destacando que la decisión de no convocar a Ábalos se fundamenta en que su intervención no aportaría información relevante sobre el objeto de la investigación.

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, se mostró satisfecho con el desarrollo del plan de trabajo, señalando la aceptación de las sugerencias de su partido y asegurando que el enfoque de la comisión sería serio, rechazando caer en la sensacionalista imagen de "circo". Aunque no descartó futuras comparecencias de otros políticos si fuera necesario, enfatizó que su objetivo es la claridad y no el espectáculo.

Pablo Azcona de Geroa Bai, celebró la aprobación del plan de la coalición, al que calificó de "riguroso". Aceptó que, si surge la necesidad, podrían solicitar ampliaciones a las comparecencias o la información demandada, pero subrayó que solo deberían ser convocadas aquellas personas que realmente tienen responsabilidades en las licitaciones investigadas.

Irene Royo del PPN, levantó la voz contra lo que consideró un intento deliberado de limitar las informaciones solicitadas, argumentando que ha habido una manipulación de la comisión de investigación por parte del Gobierno y sus aliados. Su planteamiento es que este "pacto de complicidad" entre ciertos partidos busca ocultar tras una fachada de transparencia lo que realmente estaría ocurriendo.

Emilio Jiménez de Vox, también criticó el enfoque de la comisión, señalando que desde el principio había pronosticado que se convertiría en un mero teatro político. Expresó su preocupación al respecto de que algunos de los llamados a declarar no tengan vínculos claros con el caso, lo que traería consigo una prolongación de las indagaciones sin posibilidad de resolución efectiva.