El pasado lunes, en Pamplona, se estableció un importante acuerdo entre varias fuerzas policiales con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Este protocolo de colaboración involucra a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral y la Policía Municipal, y busca optimizar la asistencia y protección a estas mujeres, mitigando los efectos devastadores del maltrato.

El protocolo fue firmado por destacados representantes de cada cuerpo policial, incluyendo al jefe superior de la Policía Nacional, Manuel Jesús del Collado, y al coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, José Miguel Barbero. También participaron el jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, y el jefe de la Policía Municipal, Antonio José Sánchez, así como la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y Estrella Lamadrid, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, quien ha liderado la creación de este importante documento.

Este nuevo acuerdo establece los principios fundamentales que guiarán a las fuerzas del orden en su trato con las víctimas de violencia de género. Una de las prioridades será ofrecer respuestas policiales rápidas y efectivas en situaciones consideradas de riesgo, con un enfoque en la sensibilidad y calidad de la atención. Además, las víctimas recibirán información clara sobre sus derechos, y los cuerpos policiales deberán compartir datos relevantes con el sistema judicial para asegurar su protección.

El protocolo estipula que cualquier mujer que acuda a la policía para denunciar una situación de violencia será atendida sin demora, priorizando su seguridad. En caso de que no se pueda ofrecer atención especializada de inmediato, las fuerzas policiales trabajarán conjuntamente para garantizar que la denuncia sea tomada por un profesional capacitado.

En caso de que un incidente afecte a una víctima cuyo caso esté asignado a un cuerpo policial específico, se asegurará la comunicación con otros cuerpos que puedan estar involucrados, estableciendo así un sistema de seguimiento y coordinación. También se detalla cómo deben actuar en situaciones en las que la víctima cambie de domicilio.

Las funciones de las distintas fuerzas policiales se han definido claramente dentro del protocolo, lo que incluye asegurar una comunicación constante con las víctimas de violencia. Esto permitirá movilizar los recursos necesarios para asegurar la protección y detectar situaciones de riesgo. La coordinación con otros servicios policiales o privados también es parte esencial del acuerdo, facilitando el contacto entre las víctimas y servicios especializados.

Asimismo, se garantizará un monitoreo de las áreas donde las víctimas y sus familias viven y trabajan, así como de lugares frecuentados por el agresor, en función del nivel de riesgo que se determine. Además, las víctimas recibirán consejos sobre cómo garantizar su seguridad y se les informará sobre los derechos y los trámites necesarios en situaciones de riesgo o incumplimientos de medidas de protección.

El acompañamiento a las víctimas se contempla para que puedan realizar diversos trámites legales, siempre que las circunstancias lo justifiquen, y las unidades operativas estarán alertas ante cualquier señal de peligro inmediato comunicada por las víctimas.

Por otra parte, el protocolo incluye disposiciones para el manejo de situaciones relacionadas con el agresor, siguiendo las directrices establecidas en la normativa correspondiente. Si se requiere la detención del agresor, las fuerzas policiales de Navarra colaborarán en su localización, incluso si se encuentra en paradero desconocido.

La revisión continua del riesgo en cada caso será parte del compromiso de las fuerzas policiales, así como la obligación de informar a sus compañeros sobre cualquier medida judicial aplicada, asegurando una respuesta rápida en caso de incumplimiento.

Finalmente, se creará un órgano para supervisar y coordinar de manera efectiva la implementación del protocolo, garantizando así que todas las acciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales sean efectivas y estén alineadas en su objetivo de protección a las víctimas de violencia de género.