El día de hoy, en Pamplona, la representación navarra de la Junta de Transferencias ha respaldado la propuesta del Gobierno de España para llevar a cabo las sentencias del Tribunal Supremo que afectaron parcialmente al Real Decreto 252/2023, de 4 de abril. Este Real Decreto trataba sobre la transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad foral de Navarra en lo que respecta al tráfico y circulación de vehículos a motor, así como su acuerdo complementario.

Tras esta decisión, la representación navarra de la Junta de Transferencias ha dado el visto bueno a la modificación de dicho Real Decreto, la cual deberá ser ratificada posteriormente por la comisión mixta de la Junta de Transferencias.

En concreto, se han acordado dos modificaciones en cumplimiento de una sentencia cuyo plazo vence este mes de julio. En primer lugar, se eliminarán las funciones relacionadas con "detectar infracciones" que se atribuyeron a la Comunidad foral. El Tribunal Supremo determinó que Navarra no puede llevar a cabo esta función sin modificar previamente la ley orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

En segundo lugar, se ha decidido extender el plazo máximo para la transferencia de las funciones y servicios relacionados con la tramitación, resolución y recaudación de las sanciones hasta el 1 de julio de 2026.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha calificado este acuerdo como un trámite "formal" y ha explicado que la reforma del Amejoramiento para garantizar el traspaso de la competencia sigue avanzando en su curso.

En la votación de la Junta de Transferencias, los representantes de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin respaldaron el acuerdo para la ejecución de la sentencia, mientras que PPN y Vox votaron en contra.

En la reunión estuvieron presentes, por parte del Ejecutivo foral, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiain; el director general de Interior, Salvador Díez, y el jefe de sección de Asuntos Tributarios, Luis Ibarrola (en representación del servicio de Asesoría Jurídica).

Por parte de las formaciones políticas participaron Javier Esparza (UPN), Ramón Alzórriz (PSN), Laura Aznal (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin), Irene Royo (PP) y Emilio Jiménez (Vox).

Al finalizar la reunión, Félix Taberna explicó a los medios de comunicación que la sentencia del Tribunal Supremo estableció que Navarra no tenía competencia en la detección de infracciones y que la ejecución de la sentencia implica eliminar este ámbito de competencia y extender el plazo para el traspaso competencial.

Taberna señaló que el próximo 23 de julio se llevará a cabo una reunión telemática de la Junta de Transferencias para refrendar el acuerdo por el cual el Gobierno de España modificará el Real Decreto de transferencias del año 2023.

En cuanto a la reforma del Amejoramiento, Taberna expresó su confianza en que sea aprobada y publicada a principios del año 2025 para comenzar a trabajar en su efectividad. Destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la legitimidad en el ejercicio de competencias por parte del Gobierno de Navarra.

Finalmente, Taberna afirmó que el Gobierno de Navarra está en diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para garantizar la mayoría suficiente en la aprobación de la reforma del Amejoramiento en el Parlamento.