PAMPLONA, 16 de octubre. – En una reciente sesión, el Parlamento de Navarra ha respaldado una controvertida ley foral que establece un nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertos bancos que operan en la comunidad. Este gravamen se aplicará durante los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, siguiendo la aprobación de una legislación similar a nivel nacional. Las estimaciones apuntan a que esta medida podría generar aproximadamente 20 millones de euros en ingresos para Navarra.

El apoyo a esta iniciativa provino principalmente de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox votaron en contra, mostrando así la polarización política que este proyecto ha suscitado.

La propuesta, que fue presentada por el Gobierno regional, tiene como objetivo regular el impuesto sobre los beneficios generados por entidades de crédito y otras instituciones financieras en Navarra. Esto se enmarca dentro de un acuerdo más amplio entre el Gobierno de Navarra y el Estado español para integrar este tipo de tributo en el Convenio Económico actual.

La base imponible se calculará a través de métodos tanto directos como indirectos, y se establece que el impuesto no podrá ser deducido en el Impuesto sobre Sociedades ni en el de Renta para no Residentes. Esta especificación ha sido objeto de debate entre los parlamentarios, quienes han expresado diversas opiniones sobre el impacto real de este tributo.

José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno navarro, ha subrayado que este tributo es crucial para "fortalecer la autonomía fiscal de Navarra", lo que les permitiría gestionar de manera más eficiente sus desafíos en términos de gasto público, a la vez que destacó la importancia de los acuerdos con la administración estatal.

Desde la bancada de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha manifestado que el nuevo impuesto se origina de una legislación nacional y, aunque respeta los procedimientos administrativos, expresó su preocupación sobre cómo este adicional podría ser finalmente repercutido a los consumidores.

Ainhoa Unzu, portavoz del PSN, defendió la ley afirmando su relevancia política, argumentando que profundiza el autogobierno y que es correcto gravar a entidades bancarias, sugiriendo que este puede ser el motivo por el cual UPN no respalda la medida.

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, expresó su satisfacción por el establecimiento de este impuesto, considerándolo un paso vital hacia la plena autonomía fiscal que su grupo persigue. También recalcó el compromiso de su partido en avanzar con este tipo de legislaciones.

Mikel Asiain, de Geroa Bai, manifestó que la inclusión de este impuesto en el Convenio Económico es un logro en el que su grupo había trabajado y lamentó el rechazo a tributos propuestos para otros sectores, como el de las energéticas.

Irene Royo, del PPN, enfatizó que su voto en contra no se debe a una oposición al autogobierno, sino que responde a una postura clara contra el incremento de la carga fiscal, advirtiendo que puede dificultar el acceso al crédito y afectar negativamente a la clase media.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido subrayó la importancia de la equidad fiscal, argumentando que los ciudadanos trabajadores están sujetos a una carga impositiva mucho más elevada en comparación con el capital y las grandes empresas en la región.

Finalmente, Emilio Jiménez, portavoz de Vox, criticó el establecimiento de este nuevo tributo como un ejemplo más de "voracidad fiscal", reclamando una revisión del sistema tributario navarro que, según él, ya está saturado con tributos excesivos y una administración pública desmesurada.