En la localidad de Lodosa, agentes de la Policía Foral pertenecientes al Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) han iniciado diligencias penales contra un vecino acusado de maltrato animal.
La investigación se puso en marcha en julio, cuando el Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral recibió una alerta sobre varios perros en condiciones precarias en una perrera de la zona conocida como 'Cerro de la Horca'.
Tras la movilización de patrullas de la Brigada de Protección Medioambiental y la colaboración de la Policía Local de Lodosa, se descubrió en un primer recinto a una perra y sus tres cachorros sin vida, así como otro perro agonizante que lamentablemente falleció a pesar de los esfuerzos veterinarios. Las instalaciones presentaban deficientes condiciones sanitarias, con suciedad, agua insalubre y presencia de parásitos como gusanos y garrapatas, según informó la Policía Foral.
En el resto de los recintos se encontraron más animales en situaciones similares. Ante esta situación, el caso fue trasladado al Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) para identificar al propietario o responsable de la perrera.
Tras localizar a un vecino de Lodosa, se comprobó que tenía hasta 94 animales registrados en bases de datos como el Registro de Animales de Compañía (RIACNA) y el Registro de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). Se encontraron dos perreras adicionales en las cercanías, ninguna de ellas registrada como Núcleo Zoológico, a pesar de albergar un gran número de animales.
Tras inspeccionar todas las perreras, se contabilizaron un total de 35 perros, de los cuales 5 estaban muertos, 5 en estado crítico y los 25 restantes en condiciones higiénicas precarias, desnutridos y con falta de vacunación y desparasitación. Algunos de los perros no tenían microchip y no se pudo verificar su procedencia ni titularidad.
La información fue comunicada al Ayuntamiento de Lodosa y a la Sección de Animales de Compañía y Experimentación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que se tomaran las medidas correspondientes.
Ante estos hechos, se abrió un expediente que se remitió al Juzgado de Guardia de Estella y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Navarra para su posterior investigación y actuación.
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