La decisión de dimitir como diputado se ha defendido como una medida "coherente" destinada a evitar que una figura imputada por delitos severos continúe ocupando un cargo tan elevado.

El magistrado Leopoldo Puente, quien lleva la investigación del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ha desestimado la última solicitud del exdirigente del PSOE, Santos Cerdán, para lograr su excarcelación, argumentando que aún carece de “pruebas relevantes” que está buscando activamente.

A través de un auto judicial, recogido por Europa Press, el juez ha rechazado el recurso presentado por Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien está acusado de supuestos delitos relacionados con la corrupción en la contratación pública. Este recurso se opone a la decisión tomada el 18 de septiembre sobre su prisión preventiva, que fue acordada el 30 de junio y se mantiene sin posibilidad de fianza.

Cerdán, que se encuentra recluido en la prisión de Soto del Real por su presunta implicación en una trama de corrupción, ha intentado en varias ocasiones obtener su libertad. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha denegado consistentemente sus peticiones.

El juez Puente subraya que la prisión preventiva se justifica por el riesgo de que Cerdán intente alterar, ocultar o destruir pruebas cruciales para la investigación en curso.

Además, el magistrado asegura que los indicios apuntan a que Cerdán podría haber jugado un papel clave en las negociaciones con los implicados y en la distribución de sobornos, lo que lo coloca en una posición que podría entorpecer seriamente la investigación.

Puente explica que si las pruebas necesarias estuvieran ya en el expediente, la prisión preventiva no tendría sentido. No obstante, aclara que todavía se sigue buscando evidencia esencial para el caso.

El juez también abordó las alegaciones de la defensa de Cerdán, quien argumenta que la investigación afecta la composición del Congreso, dado que el Gobierno ha enfrentado varias derrotas parlamentarias. Puente considera que la renuncia al puesto de diputado es "ajena" al contexto de la investigación y que no se ha requerido autorización del Congreso para indagar en el caso de Cerdán.

En cuanto al cuestionamiento sobre la validez de las pruebas obtenidas de los audios del exasesor Koldo García, Puente considera que la defensa intenta desvincularse de las conclusiones presentadas por la Guardia Civil, favoreciendo una interpretación que genera dudas sobre la fiabilidad de estas pruebas.

El magistrado responde que en el marco del recurso en cuestión, la interpretación libre de ciertos fragmentos del informe no debería prevalecer sobre las conclusiones firmes que se derivan de este.

Además, la defensa hizo mención al 'caso Pegasus', en el que se investiga un presunto espionaje a miembros del Gobierno. Puente considera que los argumentos desarrollados en este contexto son "especulativos".

La defensa también solicitó investigar una supuesta conexión entre un comandante de la Guardia Civil y los audios involucrados, sugiriendo que este individuo había proporcionado teléfonos seguros al exasesor de un exministro. Sin embargo, el juez aclara que las investigaciones indican que los teléfonos en cuestión no eran aptos para introducir software espía.

Puntualiza que los audios no se encontraron en los dispositivos que se habían proporcionado, sino en teléfonos comunes y en una grabadora, reforzando así la falta de base de algunas afirmaciones realizadas por la defensa.