PAMPLONA, 8 de mayo. El Parlamento de Navarra ha llevado a cabo una importante votación en su sesión plenaria, aprobando la modificación de la Ley Foral 16/2022, que se centra en la reducción de la temporalidad en los puestos de funcionarios habilitados en la Comunidad foral.

La propuesta, que requería una mayoría absoluta para su aprobación, recibió el apoyo de un amplio espectro de grupos, incluyendo al PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin, un miembro del Grupo Mixto (Vox) y una parlamentaria no adscrita. En contraposición, UPN y EH Bildu optaron por la abstención.

La modificación, impulsada por el PPN, busca eliminar una cláusula específica del artículo 8 que estipula que los ganadores de concursos extraordinarios se incorporen a sus nuevos puestos simultáneamente con quienes obtengan habilitación foral a través de procesos selectivos. Esta cuestión ha generado tensiones debido a la consideración de inconstitucionalidad aceptada por el Tribunal Constitucional sobre varios apartados de la ley vigente.

Respecto a este tema, se planea crear una lista de aspirantes para contratos temporales, que será secundaria a los resultados de los procesos de estabilización y convocatorias de acceso libre. Esta medida se propone como una solución temporal a las necesidades de Secretaría e Intervención en las entidades locales.

En el debate también se rechazaron algunas enmiendas presentadas por EH Bildu, las cuales no lograron atraer el apoyo de otros partidos. Entre estas, había una que proponía incluir a todo el personal administrativo en las compensaciones económicas previstas para aquellos que perdieran sus puestos en el contexto de la estabilización de funcionarios.

Yolanda Ibáñez, representante de UPN, defendió la abstención de su grupo y criticó al Gobierno foral, argumentando que la ley fue presentada de manera inapropiada, lo que ha contribuido a la confusión actual. Insistió en que quienes aprobaron sus exámenes merecen ocupar sus plazas y recalcó que cambiar las reglas del proceso es inapropiado.

Javier Lecumberri, del PSN, resaltó que la ley que se discute tiene como fin estabilizar puestos muy necesarios dentro de las entidades locales. A pesar de la oposición inicial de Navarra Suma, subrayó que la ley fue diseñada para regular la toma de posesión de manera eficaz, aunque ahora enfrenta complicaciones debido a la paralización del proceso de méritos tras el recurso admitido por el Constitucional.

Por su parte, Adolfo Araiz de EH Bildu abogó por las enmiendas de su grupo, afirmando que ofrecían una solución más integral que la propuesta del PPN. Añadió que las razones para establecer una toma de posesión conjunta siguen siendo válidas, a pesar de las circunstancias actuales.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, planteó la necesidad de decidir si se avanza con los procesos aprobados por la ley o si se continua paralizando todo a la espera de una resolución del Constitucional. Defendió la idea de separar los procedimientos para facilitar el acceso a la función pública y alcanzar los objetivos de la ley original, que busca estabilizar los puestos de Secretaría e Intervención.

Irene Royo, portavoz del PPN, enfatizó que la inacción en el proceso de selección de secretarios e interventores no es una opción. Argumentó que la vinculación de todos los procesos podría resultar en un obstáculo constitucional y una injusticia para quienes han aprobado las oposiciones.

El representante de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, señaló que el origen del problema radica en la ineficacia histórica de los poderes públicos y en las exigencias europeas que llevaron a la creación de esta ley. Pidió una solución que permita el acceso a la función pública, evitando una situación de indefinición jurídica.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, resaltó que no existe una solución sencilla que satisfaga a todos y criticó la gestión del Gobierno de Navarra en este asunto. Hizo un llamado a actuar con rapidez para evitar que la situación se agrave, recordando a todos aquellos que han estado en la espera por sus derechos laborales.