PAMPLONA, 16 de diciembre. En la última sesión del Parlamento de Navarra, se ha discutido una controvertida propuesta que busca asegurar la exclusión de agricultores condenados por los altercados ocurridos en las afueras de la Cámara el 7 de marzo del presente año. Esta iniciativa, respaldada por los partidos PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, se enfrenta al rechazo de UPN, PPN y Vox, lo que pone de manifiesto las divisiones políticas en torno a la cuestión.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, se ha expresado enérgicamente contra esta propuesta, afirmando que “es absolutamente falso que se haya producido un intento de asalto al Parlamento, según indica la Justicia”. En sus declaraciones, destacó la importancia de respetar los dictámenes judiciales y subrayó que los agricultores condenados no fueron hallados culpables de un asalto. Esparza defendió que “la Justicia ha aclarado los hechos de forma justa” y añadió que “es hora de dejar de propagar mentiras y bulos que solo buscan criminalizar a un sector vital como son los agricultores”. Esta declaración se produce en el contexto de una crítica abierta a la presidenta del Gobierno, María Chivite, a quien acusó de haber lanzado acusaciones infundadas sobre el conflicto.

Esparza enfatizó la necesidad de que la presidenta pida disculpas a los agricultores navarros, remarcando que los profesionales del campo asumirán las responsabilidades que la Justicia ha dictado, pero no aquellas que provengan de intereses políticos del PSN. En su razonamiento, el portavoz de UPN cuestionó la lógica de prohibir el acceso al Parlamento a quienes han protagoniado altercados mientras se permite la entrada a individuos con condenas de mayor calado, como es el caso de Arnaldo Otegi. “No vamos a aceptar lecciones ni menos de un PSN que se alía con EH Bildu, un partido que tiene entre sus filas a terroristas”, agregó contundente.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz subrayó la gravedad de la situación, asegurando que el intento de ingreso al Parlamento es un asunto que se debe tratar con seriedad. En este sentido, exigió que UPN tome medidas drásticas respecto a los miembros de su partido que han sido condenados. Alzórriz apoyó la iniciativa que impediría a los agricultores condenados el acceso durante la legislatura actual, indicando que se espera un informe jurídico para determinar la viabilidad de esta propuesta.

Desde EH Bildu, el parlamentario Adolfo Araiz se alineó con la idea de vetar el acceso al Parlamento a aquellos que intentaron provocar incidentes, defendiendo que es necesario actuar con firmeza ante situaciones de esa índole. Araiz recordó que ha habido ocasiones pasadas en las que se han sancionado a visitantes por comportamiento inadecuado y afirmó que “si hay precedentes, deben aplicarse las mismas reglas sin distinciones”.

En la misma línea, Pablo Azcona de Geroa Bai expresó su apoyo a la propuesta de exclusión y resaltó que es fundamental mantener un criterio fuerte frente a quienes intentan entrar de forma violenta en el Parlamento. Sin embargo, Azcona también instó a UPN a actuar con homogeneidad, demandando que se aplique la misma vara de medir para todos los casos, recordando un episodio reciente donde un miembro de su partido dimitió por una causa archivada.

La parlamentaria del PPN, Irene Royo, se mostró en desacuerdo con la medida de prohibir el acceso exclusivamente a los agricultores condenados, argumentando que una política de este tipo debería ser extensiva a todos los que han sido condenados por disturbios. De igual manera, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin reconoció la lógica detrás de la propuesta, afirmando que es razonable mantener fuera de la Cámara a quienes pudieron haber intentado entrar por la fuerza.

Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, criticó la decisión del presidente del Parlamento, argumentando que debía hacerse una distinción clara entre quienes han sido condenados. Nosti enfatizó que los parlamentarios no deberían asumir el rol de jueces y que la decisión de prohibir el acceso debe ser uniforme, ya que “no existe un fallo judicial que impida a los agricultores acceder a centros públicos”.