PAMPLONA, 24 de septiembre. En una reciente reunión del Parlamento de Navarra, se han puesto de manifiesto las disensiones entre los distintos grupos políticos respecto al desarrollo de la comisión de investigación sobre las concesiones realizadas por el Gobierno foral en los últimos mandatos, comenzando por las obras de Belate. Esta situación ha generado un "debate complejo", según ha comentado Irati Jiménez, presidenta de la comisión.

Durante el encuentro celebrado este miércoles, se decidió que las comparecencias se llevarán a cabo dos veces por semana con una duración de 60 minutos para cada grupo político. No obstante, algunos partidos abogaban por aumentar la frecuencia a tres sesiones semanales y reducir los tiempos a 30 minutos, con la finalidad de concluir la investigación en un periodo “razonable”.

Javier Esparza, portavoz de UPN, expresó su conformidad con que la primera comparecencia abordara el asunto de Belate, pero lamentó que se inicie con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien comparecerá en la posición 24. Esparza subrayó que la creación de la comisión se debe al 'caso Cerdán', implicado en una situación delicada, y admitió que no cuentan con la mayoría suficiente para cambiar el rumbo de la investigación.

El portavoz de UPN también cuestionó el formato de 60 minutos por grupo, argumentando que lo ideal sería prescindir de limitaciones temporales. Según su juicio, las anteriores comisiones de investigación en el Parlamento se llevaron a cabo sin restricciones de tiempo, lo cual considera más efectivo para abordar la magnitud del asunto que se está tratando.

Por su parte, Javier Lecumberri del PSN hizo hincapié en las principales discrepancias en torno al orden de las comparecencias y al número de sesiones por semana. Defendió un orden lógico que priorizara a las empresas y personas involucradas en las adjudicaciones, asegurando que este enfoque era fundamental para la eficacia del trabajo de la comisión.

No obstante, la propuesta aprobada no se alineó con su planteamiento, que consideró más racional, y se vio frustrado por la votación que resultó en el orden actual. Lecumberri también calificó de excesivo el tiempo que se extendería la comisión si se celebraran solo dos sesiones por semana.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz sugirió que existe una tendencia entre los partidos de la derecha para dilatar los plazos de la comisión. Hizo énfasis en que el reglamento parlamentario otorga prioridad a los trabajos de una comisión de investigación sobre otras actividades de la Cámara, incluyendo la elaboración de presupuestos. Araiz propuso que el orden de comparecencias debería ser cronológico, comenzando por Geoalcali y finalizando en Belate.

Araiz también criticó a UPN por lo que consideró una visión desmedida de la comisión, insistiendo en que no debería transformarse en un "interrogatorio judicial”. A su juicio, la postura de los regionalistas es contradictoria, ya que por un lado, agradecen los informes de la Oficina Anticorrupción de Navarra, pero por otro, los acusan de ocultar información.

Pablo Azcona de Geroa Bai se mostró complacido con la aprobación del orden de comparecencias, que incluye un pequeño ajuste respecto a la aparición de Santos Cerdán, enfatizando el rigor de su planteamiento. Aseguró que era crítico comenzar por las adjudicaciones de Belate para abordar las actuales dudas sobre la gestión del Gobierno.

Desde el PPN, Javier García criticó la omisión de comparecencias de personajes relevantes como María Chivite y Uxue Barkos, a quienes consideró esenciales para el esclarecimiento del tema. Enfatizó que para él la comisión parece estar más enfocada en ocultar que en desvelar la verdad, sugiriendo que se pretende evitar una rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Por otro lado, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin expresó su descontento con las conclusiones de la sesión, señalando que el orden de comparecencias privilegia a ciertos actores sobre otros. Indicó que su intención era lograr resultados más pronto, pero se alarmó al observar que la mayoría de la coalición había optado por extender el proceso.

Finalmente, Emilio Jiménez de Vox describió la comisión como "viciada" y un teatro que busca encubrir actitudes corruptas. Criticó que se base en legislaturas pasadas y sentenció que podría servir para limpiar la imagen de Bildu, algo que considera inaceptable. Su conclusión fue que la comisión debería enfocarse en arrojar luz sobre los asuntos actuales de corrupción.