PAMPLONA, 20 de enero. En un movimiento que refleja las preocupaciones de sectores conservadores de la política navarra, los grupos UPN y PPN han hecho un llamado contundente este lunes para revisar el modelo actual de renta garantizada. Su propuesta se centra en vincular esta prestación a la mejora de la empleabilidad, instando a que este tipo de ayudas no se conviertan en subsidios perpetuos que desincentiven la búsqueda de empleo.

En respuesta a diversas peticiones de UPN, PPN y Vox, el Parlamento de Navarra ha convocado al presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, y a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, para discutir un reciente informe que detecta "debilidades" en la gestión de la renta garantizada, lo que ha suscitado un renovado debate sobre la eficacia de este modelo.

En declaraciones tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el portavoz de UPN, Javier Esparza, subrayó que los problemas de control y la mala implementación del modelo actual han generado un "efecto llamada" incontrolado. Según Esparza, la renta garantizada debería ser una herramienta provisional para apoyar a aquellos que buscan reintegrarse al mercado laboral y no un subsidio de largo plazo que desincentive la empleabilidad.

Además, Esparza recordó que esta renta fue aprobada durante la legislatura 2015-2019, con el rechazo de UPN y PSN, quienes advirtieron en su momento que se trataba de un error. A su juicio, el hecho de que el PSN ahora esté en el Gobierno pero no haya hecho cambios en esta prestación es un claro indicador de la incapacidad de la actual administración para abordar la cuestión de manera efectiva.

“En UPN creemos en apoyar a quienes lo necesitan, pero también en establecer exigencias claras”, continuó Esparza. “Proponemos que quienes reciben esta renta firmen un acuerdo que los comprometa a mejorar su empleabilidad, porque todos tenemos derechos y obligaciones”.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, expresó que su grupo no apoyará ningún cambio que afecte la capacidad de protección de la renta garantizada. Adujo que lo que buscan las formaciones de derechas es debilitar esta ayuda, aunque también admitió que hay espacio para mejorar la gestión de la misma, como reducir la burocracia y fomentar la coordinación entre servicios sociales y laborales.

Aznal hizo hincapié en que la renta garantizada ha sido un tema recurrente en las críticas de las fuerzas conservadoras, que, según ella, la presentan como un completo fracaso y la responsabilizan del aumento de la pobreza, criticando el uso descontrolado de recursos en asistencia social.

Desde el PPN, su portavoz Javier García aseguró que su grupo fue el primero en solicitar el informe de Comptos debido a las evidentes deficiencias observado en la renta garantizada navarra. García mencionó que, al inicio de la legislatura, se presentó una moción para modificar esta ley con el fin de favorecer la inclusión laboral, propuesta que fue desestimada.

“Comptos respalda nuestras afirmaciones sobre la urgencia de una reforma profunda y significativa que conecte la renta garantizada con la inserción laboral. No existe mejor renta social que permitir que las personas con necesidades accedan al empleo”, argumentó García.

Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, afirmó que la situación actual de la renta garantizada es insostenible y necesita una respuesta inmediata. Nosti denunció la falta de controles que aseguren el cumplimiento de requisitos fundamentales, como la residencia efectiva en Navarra, y describió el actual manejo de recursos como un "despilfarro" que deslegitima el apoyo a quienes realmente necesitan estas ayudas, convirtiéndose en un agravio para los contribuyentes.