PAMPLONA, 29 de septiembre. La formación UPN ha decidido pedir nuevamente la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, en la comisión que investiga las adjudicaciones públicas, específicamente en relación con las obras de Belate.

Leticia San Martín, diputada de UPN, recordó que anteriormente ya habían intentado que Arasti compareciera, pero esa solicitud fue rechazada por la mayoría de los grupos en la comisión.

El nuevo impulso para solicitar la aparición del consejero surge tras la publicación de un artículo en Diario de Navarra que revela, a través de correos electrónicos entre interventores, que Arasti tenía conocimiento de las discrepancias surgidas en la mesa de contratación para el proyecto de Belate.

San Martín afirmó que este nuevo dato pone de manifiesto la falta de transparencia del Gobierno de Navarra y subrayó: “Desde un comienzo, nos han tratado de convencer de que todo el proceso ha sido claro y normal, pero la realidad es que se han estado ocultando irregularidades, y es cada vez más insostenible sostener que la presidenta, Chivite, no estaba al tanto de este asunto tan grave que manejaba su consejero”.

La representante de UPN también indicó que, a pesar de estar al tanto de las irregularidades, continuaron adelante con la adjudicación, eludiendo la opción de remitir el caso a la Junta de Contratación Administrativa. “Se realizaron modificaciones de informes y se solicitaron documentos incluso después de cerrada la mesa, todo para asegurar que la obra, valorada en 76 millones de euros, se adjudicara a un consorcio que incluía a la empresa Servinabar, de la cual el señor Cerdán posee un 45%”, explicó.

San Martín hizo un llamado a la presidenta Chivite para que aclare las circunstancias en torno a la concesión de las obras de Belate, dejando claro que los ciudadanos no desean más justificaciones: “Exigimos que haya consecuencias políticas frente a este escándalo”, afirmó.

Por otro lado, Ainhoa Unzu, portavoz del PSN, criticó duramente a UPN, acusándolos de manipular la situación en torno al túnel de Belate: “Se trata de una campaña vergonzosa de desinformación”, declaró. Unzu agregó que las filtraciones de documentos confidenciales destinadas a la comisión constituyen un comportamiento inaceptable y que su obligación es mantener el secreto de la información que se maneja en esa instancia.

Unzu enfatizó que la información divulgada es sesgada y no permite un contrastado análisis: “No se puede hablar de lo que realmente está ocurriendo en ese contexto, y todo parece indicar que hay un interés detrás de estas filtraciones”, comentó.

La portavoz también condenó que, tras la publicación de dicha información, UPN casi acusó ilegalmente al consejero de Hacienda. “Lo que están haciendo es calumniar y difundir sospechas infundadas. Si hubiera habido delitos, habría un reparo suspensivo, y eso no ha sucedido”, sostuvo.

Además, Unzu opinó que su Gobierno está siendo objeto de una campaña de acoso constante, pero se comprometió a seguir defendiendo la verdad con determinación y coraje: “Nuestro objetivo es proteger este proyecto progresista y mantener la unidad entre nosotros”, afirmó, apelando al compromiso colectivo frente a las políticas de la derecha.

La parlamentaria concluyó afirmando que los ciudadanos reclaman una unión entre las fuerzas progresistas y que cualquier falta de entendimiento en este sentido representa un problema con el electorado.

Por su parte, Javier García, portavoz del PPN, criticó enérgicamente la dinámica actual de la comisión de investigación, calificándola de un “paripé” en el que los miembros del Gobierno parecen más interesados en protegerse entre sí. García se mostró frustrado por la falta de entrega de información vital por parte de algunos grupos y consideró que esto erosiona la funcionalidad de la comisión, que pierde su sentido si no se puede acceder a los documentos necesarios para ejercer control sobre estos asuntos.