El 25 de mayo en Madrid, el diputado por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha tomado la iniciativa de presentar una proposición no de ley que busca abordar un tema delicado y de vital importancia: la ilegalización y disolución de las asociaciones que hacen apología del terrorismo. En su intervención, Catalán alerta sobre la persistencia del culto hacia ETA y sus terroristas, indicando que este fenómeno está lejos de desaparecer.

En su argumentación, el parlamentario enfatiza el carácter inaceptable de que existan agrupaciones que honren a terroristas y que organice eventos en su memoria. A su juicio, esta situación resulta en una profunda falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, quienes a menudo deben enfrentar no solo la tragedia de perder a un ser querido, sino también la anomia que supone ver a sus asesinos recibidos con homenajes.

El diputado recuerda que ETA, durante su actividad, causó la muerte de 853 personas y perpetuó un clima de terror que dejó miles de heridos, así como a muchos ciudadanos bajo amenazas y extorsiones. Además, Catalán menciona el trágico atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejó 193 muertos y más de 1.700 heridos a manos del terrorismo yihadista, resaltando la magnitud de la violencia ejercida a lo largo de los años.

Como parte de sus argumentos, Catalán cita estadísticas del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), que ha documentado una alarmante cantidad de actos de enaltecimiento del terrorismo: 158 en Vizcaya, 145 en Guipúzcoa, 60 en Navarra, y otros en diversas provincias y en el extranjero, enfatizando que gran parte de estos actos se concentran en el sur de Francia.

El parlamentario también denuncia la normalización de celebraciones y espacios públicos que sirven como escenarios para rendir homenaje a ETA y a sus miembros, ya sea fallecidos o encarcelados. Critica duramente la práctica de anunciar "brindis" o reivindicaciones por parte de algunas instituciones locales en favor de los reclusos de ETA, y expresa su indignación ante la calificación de estos individuos como "presos políticos".

En consecuencia, Alberto Catalán exige al Gobierno una revisión de la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación. Propone que se incluya la apología del terrorismo como una causa de disolución para las asociaciones que glorifiquen a ETA o a cualquier otro grupo terrorista, particularmente cuando estas acciones menoscaban la dignidad de las víctimas o incitan al odio y a la violencia en su contra.