PAMPLONA, 24 de enero.

El sindicato Steilas ha respondido con firmeza al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, quien ha hecho un llamamiento para que retire el recurso de casación que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, en relación con la estabilización de 352 plazas de funcionarios docentes que poseen un perfil de lengua extranjera. Steilas ha dejado claro que no tiene intención de retirar dicho recurso y ha instado a Gimeno a no asignar culpa a la organización sindical.

En una reciente rueda de prensa, los representantes del sindicato, entre ellos Raúl López, Ane Apeztetxea, Ángela Campo y Miren Ustárroz, han manifestado su preocupación por lo que consideran un “nerviosismo” inusitado del consejero. Este último, el pasado miércoles, sugirió que se desistiera de la acción legal, un acto que los sindicalistas interpretan como una señal de inseguridad ante la legalidad de su proceder. “Si realmente ha hecho las cosas correctamente, no debería preocuparse de tal modo”, han argumentado.

Durante la conferencia de prensa, el sindicato expuso que su propuesta ideal consiste en que estos 352 docentes sean convertidos en funcionarios de los cuerpos estatales y que se lleve a cabo una nueva convocatoria para estabilizar aquellos puestos de trabajo que no requieren un perfil de lengua extranjera. Este enfoque, dicen, garantizaría un proceso más justo y eficiente en la asignación de plazas educativas.

Además, los voceros de Steilas recordaron que en el año 2019, Gimeno intentó modificar la normativa estatal para que cada comunidad autónoma pudiera exigir títulos de idiomas en las oposiciones, pero esta propuesta no prosperó debido a la oposición del Ministerio de Educación y la mayoría de los sindicatos. No obstante, el consejero proceder a la elaboración de la ley del PAI, siendo consciente de que la normativa vigente estipula que los funcionarios docentes en Navarra deben pertenecer a cuerpos estatales.

Los representantes del sindicato critican duramente que la administración educativa aprovechara el proceso de estabilización para crear 352 plazas que son parte del PAI, con la clara intención de formar un personal docente foral, apoyo que, según dicen, tuvo como único respaldo a Navarra Suma. Ante esta situación, Steilas presentó el recurso correspondiente, pero Gimeno tomó la decisión de continuar a pesar de ser consciente de las implicaciones legales que esto conlleva.

Los sindicalistas rechazaron los calificativos despectivos que el consejero lanzó hacia su organización el miércoles pasado y señalaron que Gimeno no ha intentado mantener un diálogo en ningún momento para buscar soluciones conjuntas. “La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué tanta inquietud por parte de Gimeno? Si realmente confía en su gestión, no debería sentir temor alguno”, subrayaron.

A la espera de una resolución sobre su recurso, Steilas ha hecho hincapié en que “nuestra lucha no se dirige contra los trabajadores”, enfatizando que “no cuestionamos la profesionalidad de nadie”. A su juicio, lo más conveniente sería que los 352 docentes en cuestión se convirtieran en funcionarios de los cuerpos estatales. Asimismo, el sindicato ha instado a realizar nuevas convocatorias destinadas a estabilizar los puestos de trabajo que no exigen un perfil de lengua extranjera, lo cual consideran fundamental para el bienestar de la educación en la región.

El sindicato ha manifestado que la implementación del PAI ha generado numerosas víctimas entre los docentes y ha destacado que, aunque estos 352 educadores sean los más visibilizados, hay un número mayor que ha enfrentado precariedad o desempleo como resultado de este proceso de estabilización. Además, han subrayado que el alumnado se ve afectado negativamente en su calidad educativa debido a la situación derivada del PAI.

Los representantes de Steilas han identificado la eliminación de este programa de aprendizaje de idiomas como una de sus principales prioridades, argumentando que esta medida ha deteriorado la calidad educativa. A su vez, han señalado un intento de eclipsar la inmersión lingüística en euskera, algo que consideran inaceptable.

Por último, han recordado que la actual presidenta María Chivite, en su calidad de senadora en 2014, firmó un recurso de inconstitucionalidad contra un programa similar al PAI que se intentó implantar en Baleares, debido a que obligaba al profesorado a tener un requisito de inglés que perjudicaba el aprendizaje del catalán. “¿Es lo que destruye en Baleares beneficioso para Navarra?”, han cuestionado indignados.