Santos Cerdán acusa a la comisión de investigación de ser una represalia de UPN y aclara: "Antxon Alonso no colabora conmigo".
En la mañana del 11 de febrero, el exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra, Santos Cerdán, se enfrentó a una serie de acusaciones en el Parlamento de Navarra, donde defiende que la actual comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas es nada más que una herramienta de "venganza y rencor" orquestada por la Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Durante el enfrentamiento verbal con el portavoz de UPN, Javier Esparza, Cerdán se defendió de las afirmaciones que lo vinculan con la empresa Servinabar. Aclaró que Antxon Alonso, el administrador de esta compañía, no es en absoluto su socio. "Una vez más, Esparza ha distorsionado la realidad al hablar de 'mi empresa'. No existe ninguna evidencia que respalde su afirmación de que Servinabar me pertenece", afirmó con énfasis. Cerdán subrayó que no se realizó ninguna transacción legal pertinente que indicara una relación comercial formalizada entre él y la compañía.
El exdiputado también refutó las alegaciones de que había utilizado una tarjeta de Servinabar o que la empresa haya cubierto gastos de su vivienda en Madrid. Según su relato, compartía piso y se repartieron los gastos entre él y Servinabar, por lo que considera infundadas las insinuaciones de irregularidades en este aspecto.
Al abordar la posibilidad de que Ramón Alzórriz, exvicesecretario general del PSN, le hubiera sugerido contratar a su pareja en Servinabar, Cerdán respondió que nunca recibió tal petición. Asimismo, ante cuestionamientos sobre familiares que trabajaron en la empresa, se preguntó si esto era motivo para considerar un delito.
Cuando se le cuestionó sobre su presencia en la comisión de investigación, Cerdán mencionó un informe de la UCO que presuntamente lo incrimina en irregularidades. En un cruce de acusaciones, Esparza lo confrontó sobre su historial penal, recordando que había pasado cinco meses en prisión. Cerdán replicó que esta medida fue tomada para evitar la destrucción de pruebas y señaló que todavía hoy desconoce qué pruebas se habrían podido destruir.
La tensión aumentó cuando Esparza acusó a Cerdán de mentir y lo evocó como un presunto delincuente involucrado en una trama de corrupción relacionada con obras públicas. Cerdán, a su vez, descalificó las acusaciones, tratando de desviar la atención hacia lo que considera el principio de presunción de inocencia, así como señalando que no ha cometido ninguna acción ilegal. "No he recibido ningún tipo de beneficio indebido en mi trayectoria política", concluyó, desestimando las aseveraciones en su contra.
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