El día de ayer, el Parlamento de Navarra llevó a cabo una sesión decisiva donde se aprobó una nueva legislación que busca abordar la creciente crisis de vivienda en la región. La iniciativa fue respaldada por los grupos PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que las agrupaciones UPN, PPN, Vox y una representante no adscrita se opusieron firmemente.

La legislatura tiene como objetivo mejorar el acceso a la vivienda y abordar lo que sus promotores califican de "emergencia habitacional". Se busca enfatizar en la promoción de viviendas para los sectores de la población más desfavorecidos, específicamente aquellas personas en riesgo de exclusión social.

Para alcanzar estas metas, se han implementado cambios en las regulaciones existentes que permiten diversificar las opciones de tenencia y fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado en materia de vivienda. Entre las modificaciones se incluyen revisiones importantes en la calificación de viviendas protegidas y en los procesos de adjudicación de estas propiedades.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es la eliminación del régimen de arrendamiento con opción a compra, siendo reemplazado por modelos más accesibles de alquiler, además de incluir nuevas modalidades de propiedad, que pueden ser completas o bajo derechos de superficie.

Respecto a cómo se adjudicarán estas viviendas, el método de baremación ha sido sustituido por un sistema de sorteo para áreas de acceso reservado a ciertos grupos, priorizando a jóvenes de hasta 35 años y personas mayores de 60 que residan en la localidad correspondiente.

Se introducen también nuevas categorías de alojamiento, como los llamados "alojamientos dotacionales", que son espacios públicos destinados a proporcionar una solución temporal a aquellos en situación de vulnerabilidad habitacional.

Con el fin de incrementar el parque de vivienda pública, se han ampliado las funciones del Banco Foral de Suelo Público, que ahora podrá destinar sus recursos no solo a viviendas protegidas, sino también a estos nuevos alojamientos comunitarios. Asimismo, se establece que podrán colaborar en esta promoción entidades del tercer sector y cooperativas.

Un aspecto adicional de la ley es la creación de un Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, destinado a supervisar y regular la propiedad múltiple en el sector inmobiliario. Este registro, vinculado a la administración pública, busca llevar un control sobre aquellos que poseen un número considerable de inmuebles.

En el desarrollo del proyecto, se decidió limitar el acceso a viviendas protegidas a aquellos que hayan realizado ventas de propiedades en los últimos cinco años, aunque se ha estipulado un umbral de 100.000 euros para que solo aquellos que superen esa cifra queden excluidos.

Además, los ciudadanos que obtengan viviendas dentro de ciertas reservas especiales no podrán participar en otras asignaciones de viviendas que se realicen en diferentes reservas, una medida que busca evitar duplicidades y garantizar la equidad en el acceso.

Se han añadido reservas específicas de vivienda para familias numerosas de categoría especial y para víctimas del terrorismo, asegurando así que estas poblaciones tengan prioridad de acceso a viviendas en condiciones favorables.

Modificar el proceso de adjudicación para quienes actualmente habiten en viviendas protegidas también figuró en la agenda, con el propósito de establecer condiciones claras que permitan el traslado a propiedades de mayores dimensiones en situaciones especiales de vulnerabilidad.

Asimismo, se han establecido normas para las cooperativas de vivienda, quienes únicamente podrán acceder a ayudas destinadas a la construcción de viviendas de alquiler asequible, restringiendo su capacidad de obtener subvenciones adicionales.

Finalmente, la nueva normativa queda sujeta a disposiciones que aseguran que su implementación no afectará a proyectos urbanísticos en marcha, permitiendo que estos sigan su curso bajo las regulaciones anteriores, con la opción de adaptarse a las nuevas exigencias.

La ley que establece el derecho a una vivienda asequible en Navarra se pondrá en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, lo que marca un cambio significativo en la política de vivienda de la región.