En un giro sobresaliente de los acontecimientos, se ha hecho público que Belén Cerdán, hermana del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, desempeñó un papel en la empresa Servinabar, la cual está en el centro de una extensa investigación vinculada al caso Koldo. Documentos de la Hacienda de Navarra revelan que Cerdán recibió 22,200.84 euros de esta firma, lo que ha levantado más de una ceja en el ámbito político.

De acuerdo con las fuentes cercanas a la defensa de Cerdán, ella laboró en Servinabar desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020 con un salario mensual de 2,000 euros netos. Posteriormente, se dice que continuó su actividad en la misma empresa, pero en un rol de asesoría, manteniendo el mismo salario y funciones.

Estas mismas fuentes añaden que los meses en los que Cerdán trabajó directamente para Servinabar lo hizo de manera independiente, para luego volver a ser trabajadora asalariada. Este cambio de condición laboral ha suscitado interrogantes sobre su relación con la empresa y las adjudicaciones obtenidas por esta.

La suma de 22,200.84 euros cobrada por Cerdán está documentada en datos aportados por la Hacienda Foral de Navarra, que ya se encuentran en manos del magistrado Leopoldo Puente. Este último ha solicitado información tributaria no solo de Santos Cerdán, sino también de Servinabar y su administrador, Joseba Antxón Alonso, vinculado a la familia socialista.

Según los informes, en la declaración anual de operaciones de terceros, se evidencia que Belén Cerdán recibió esta cantidad de dinero, precipitando dudas sobre los vínculos familiares y las financiaciones dentro del partido.

Por otro lado, el Partido Socialista de Navarra (PSN) ha confirmado que Belén Cerdán ha presentado su baja como afiliada tras la detención de su hermano, siguiendo las normativas internas del partido. Esto fue confirmado por un comunicado del PSN, donde aclaran que Cerdán optó por no seguir representando al partido en el Ayuntamiento de Milagro.

Las conexiones familiares se ven más complicadas aún, ya que, según lo revelado por Alonso en su declaración, tanto él como Cerdán compartieron un piso en Madrid, lo que ha suscitado comentarios sobre su estilo de vida, incluyendo que, en una grabación, se escucha a Koldo García quejándose de sus excesos.

Además, se ha descubierto un contrato privado documentado por la Guardia Civil, donde se consigna que Cerdán adquirió un 45% de participación en Servinabar, una empresa que ha conseguido contratos gubernamentales que superan los 75 millones de euros. Esta transacción ha sido objeto de un intenso escrutinio.

Alonso ha buscado desvincular a Cerdán de este contrato en su testimonio ante el Supremo, alegando que el mismo era solo un borrador y nunca se llevó a cabo formalmente, dado que Cerdán continuó su carrera política después de pensar en abandonarla.

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado a Servinabar como una "sociedad creada ad hoc para lucrarse" con proyectos destacados, entre ellos el de Mina Muga, levantando sospechas sobre la transparencia en la adjudicación de contratos.

En este sentido, se ha presentado un índice de actividad notarial de Servinabar, donde es evidente que Alonso era el representante principal en las operaciones de constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Acciona. Este modelo de asociación ha planteado interrogantes sobre la forma en que se han realizado varias obras públicas en Navarra.

Entre las obras realizadas figura la adecuación del Navarra Arena, la reforma del Archivo General de Navarra y la edificación de viviendas de protección oficial en Egües. Alonso ha defendido la legalidad y la transparencia de estos proyectos, asegurando que todos han sido auditados, un argumento que sigue siendo objeto de debate.

Finalmente, en el mismo documento notarial aparece Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, quien también compareció ante el Supremo, negando cualquier pago irregular por obras públicas. Merino afirmó que establecer alianzas con empresas locales es crucial para que las empresas nacionales puedan competir por proyectos en Navarra y el País Vasco.