PAMPLONA, 4 de abril.

En un esfuerzo por abordar la crisis de vivienda en Navarra, los partidos que sustentan al Gobierno regional, junto con EH Bildu, han presentado una nueva proposición de Ley Foral. Esta medida, destinada a garantizar el acceso a una vivienda asequible, incluye varias modificaciones que buscan desarrollar innovadoras herramientas para hacer frente a esta problemática.

Durante una reciente conferencia de prensa, los representantes de los partidos involucrados, como Kevin Lucero del PSN, Itxaso Soto de Geroa Bai y Daniel López de Contigo-Zurekin, explicaron los detalles de la propuesta. Entre las acciones destacadas se encuentra la posibilidad de realizar sorteos para asignar ciertas promociones de vivienda protegida a jóvenes menores de 35 años y a personas mayores de 60, así como la implementación de penalizaciones para situaciones de discriminación y acoso en el ámbito inmobiliario.

El parlamentario López destacó que este proyecto es el resultado de intensas negociaciones durante los últimos dos meses, con el fin de lograr una reforma consistente que responda a las necesidades actuales en el acceso a la vivienda en Navarra. Subrayó que se requieren enfoques más audaces porque las soluciones tradicionales no han sido efectivas.

El socialista Lucero señaló que Navarra ya ha hecho avances significativos en este sector, pero reconoció la necesidad de seguir ajustando el marco legal para combatir la especulación que afecta a los ciudadanos. También enfatizó que esta iniciativa responde a la creciente demanda social de una vivienda accesible y justa, desafiando la visión actual que considera la vivienda simplemente como un producto del mercado.

Por su parte, Itxaso Soto, de Geroa Bai, afirmó que el acceso a la vivienda es una de las prioridades más críticas y propuso un enfoque que valore el uso de las viviendas en lugar de la generación de lucro a partir de ellas. Recordó los esfuerzos realizados desde 2015 bajo el gobierno de Uxue Barkos pero reconoció que aún queda mucho por hacer para implementar medidas verdaderamente efectivas y despojadas de populismo.

Una de las innovaciones de esta proposición es la instauración del "arrendamiento asequible", diseñado para ampliar el acceso a la vivienda pública a aquellos que no están en situaciones de vulnerabilidad extrema, pero que enfrentan altos precios en el mercado de alquiler. Además, se eliminará la figura del arrendamiento con opción a compra, que se considera no efectiva en el contexto del mercado actual.

En cuanto a la asignación de viviendas, la propuesta establece un sistema de sorteos que no afectará a los criterios de priorización para individuos en situaciones vulnerables. La mitad de las nuevíssimas promociones se destinará a personas menores de 35 años y a mayores de 60, mientras que la otra mitad se asignará al resto, garantizando una distribución equitativa entre diferentes segmentos de la población.

La iniciativa también propone simplificar los procesos administrativos para facilitar la creación de alojamientos y promover mecanismos de venta como el derecho de superficie, especialmente para cooperativas. Así, se mantendrá la propiedad pública del suelo mientras que la vivienda se ofrecerá como un "derecho de uso" por un período de 75 años renovables, combinando los beneficios del alquiler y la estabilidad de la propiedad.

Además, la propuesta introduce sanciones severas para casos de discriminación en el acceso a la vivienda, abarcando situaciones de racismo, xenofobia, y otros tipos de exclusiones. También se tipificará el "acoso inmobiliario" como comportamiento que coacciona a un individuo a abandonar su hogar, generando un entorno hostil.

Se ampliará el registro de arrendamientos para incluir datos relevantes como precios y condiciones de contratos anteriores, así como establecer un registro de grandes arrendadores que posean múltiples propiedades. Esto permitirá a los inquilinos conocer la naturaleza del propietario y asegurar que los alquileres se ajusten a las normativas vigentes.

Adicionalmente, se contemplan restricciones para quienes rechacen una vivienda que cumpla con lo solicitado, excluyéndolos del sistema durante dos años, con el propósito de priorizar a quienes realmente necesiten una vivienda. La legislación también ofrece ayudas para rehabilitar viviendas, enfocándose en la sostenibilidad ambiental del parque habitacional existente.

El Gobierno de Navarra también tendrá nuevas facilidades para adquirir propiedades que estén a punto de perder su calificación de vivienda de protección oficial, asegurando así que estas viviendas sigan beneficiando a la comunidad.