PAMPLONA, 22 de diciembre.

Este lunes, el Gobierno de Navarra presentó a los sindicatos que forman parte de la Mesa General de las Administraciones Públicas el proyecto del nuevo Estatuto de Personal. Este documento ahora abrirá un periodo de un mes en el cual las organizaciones sindicales pueden hacer sus aportaciones y sugerencias.

El Ejecutivo regional ha resaltado en un comunicado que ha mantenido una "comunicación constante" con los representantes de las centrales sindicales en los últimos meses y ha cumplido con los plazos establecidos a principios de otoño.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, "el borrador es el resultado de un trabajo exhaustivo llevado a cabo por la Dirección General de Función Pública", diseñado para actualizar una normativa que se remonta a hace más de tres décadas (1993). Además, ha indicado que, durante este final de año, se han intensificado los esfuerzos para desarrollar esta normativa junto a los sindicatos y se ha comenzado un diálogo con sectores clave como Salud, Educación y la Universidad Pública de Navarra (UPNA), así como la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para que también puedan contribuir al texto.

Durante la reunión de la Mesa General de este lunes, el Gobierno ha hecho hincapié en su "compromiso con el diálogo y el consenso" para avanzar en la negociación del nuevo Estatuto.

En encuentros anteriores, la Dirección General de Función Pública compartió con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General -LAB, CCOO, ELA, AFAPNA y UGT- los progresos en este tema, expresando la intención del Gobierno de "acelerar al máximo" el proceso de desarrollo del Estatuto. También se presentó un plan de trabajo que fue aprobado, estableciendo un calendario de acciones para asegurar su implementación en la próxima legislatura, considerando la complejidad de su trámite normativo.

El Gobierno de Navarra ha señalado que la creación de un nuevo Estatuto de la Función Pública es una de sus promesas programáticas para esta legislatura. Se trata de una normativa ambiciosa destinada a reemplazar la actual, que ha estado en vigor durante más de 30 años (desde 1993), con el objetivo de lograr una Administración más eficiente y moderna que se adapte a las exigencias del siglo XXI.

El proyecto de borrador aborda aspectos clave relacionados con los derechos y deberes del personal público, incorpora mejoras en el régimen de licencias y permisos, garantiza el derecho a la carrera profesional de todos los empleados públicos y promueve un sistema de formación continua. Asimismo, se han previsto mejoras en los procesos de selección, buscando el equilibrio entre la acreditación de competencias y la reducción de los plazos en estos procesos. También se proponen mejoras para favorecer la promoción interna y la movilidad del personal, buscando armonizar las demandas de los sindicatos en cuanto a condiciones laborales y salariales con la necesidad de modernizar la administración regional y ofrecer servicios públicos de alta calidad a la ciudadanía.