En Pamplona, el 10 de febrero, el sindicato ELA ha hecho un enérgico llamado al Gobierno de Navarra para que actúe y exija a Volkswagen Navarra que respete la ley en sus prácticas de contratación. Según ELA, la situación actual denota un "silencio cómplice" del Gobierno ante un "sistema fraudulento" que, afirman, es respaldado por la dirección de la empresa en colaboración con los sindicatos UGT y CCOO.

Durante una conferencia de prensa, Imanol Pascual, coordinador del ELA en Navarra, junto a Unai Martínez y Igor Peñalver, señalaron que documentos de la Inspección de Trabajo y resoluciones judiciales evidencian irregularidades en la contratación de trabajadores temporales en la planta.

Pascual indicó que, tras una denuncia presentada por ELA, la Inspección de Trabajo identificó 146 contratos temporales que incurren en fraude legal y obligó a Volkswagen a convertir 93 de estos contratos en indefinidos. Asimismo, un fallo judicial derivado de una demanda de ELA, apoyada por LAB y CGT, ha determinado que las retribuciones variables están discriminando a empleados en situación de baja médica.

El representante del sindicato criticó la postura de UGT y CCOO durante el juicio, señalando que se alinearon con la compañía, a pesar de que anteriormente habían rechazado un sistema similar en Seat Martorell. "Es vergonzoso ver cómo UGT y CCOO cambian de postura cuando se trata de salvar sus alianzas con la dirección de Volkswagen," subrayó.

Pascual expresó su preocupación por lo que considera un "escándalo" en VW Navarra, destacando que la colaboración entre UGT, CCOO y la dirección de la planta parece tener como fin el chantaje hacia ELA, al acusarlo de ser el causante de la situación actual.

De acuerdo con su análisis, "los responsables de esta incertidumbre son aquellos sindicatos que han pactado un sistema que voy en contra de la ley." Afirmó que hay un interés común entre UGT, CCOO y Volkswagen que busca maximizar beneficios a expensas de la precariedad laboral, asegurando al mismo tiempo la paz social dentro de la fábrica.

Pascual también denunció el "silencio cómplice" del Gobierno navarro, sugiriendo que debería proteger a los sindicatos que luchan por la legalidad, en lugar de permitir que un gigante automovilístico como Volkswagen, que ha reportado beneficios superiores a 160 millones de euros en los últimos dos años, actúe sin rendir cuentas.

Unai Martínez, otro líder de ELA, expresó su consternación por la actitud de la dirección de Volkswagen, que parece no reconocer la legislación vigente, complementada por el inexplicable apoyo de dos sindicatos a su perspectiva. "Es un asunto extremadamente grave," afirmó.

Destacó que esta situación abre la puerta al riesgo de que se normalice el fraude en los procedimientos de contratación, algo que ocurre mientras el Gobierno de Navarra guarda silencio. Según Martínez, esta actitud de Volkswagen es un claro reflejo de su falta de voluntad para cumplir con las decisiones de la Inspección de Trabajo y de los juzgados.

El líder sindical concluyó que es urgente que se detenga la impunidad que rodea a estas prácticas. Exigió la inmediata conversión de los 93 contratos en indefinidos, así como el cumplimento íntegro de las resoluciones judiciales.

Por último, ELA ha denunciado que la política de contratación de Volkswagen favorece la afiliación a ciertos sindicatos, que a su vez garantizan la paz social y la sumisión a las directrices de la empresa. Para el sindicato, es vital la existencia de secciones sindicales que actúen con honestidad y valentía para poner fin a posibles abusos laborales, que están siendo tolerados por la complicidad de UGT y CCOO.