El Tribunal Supremo de España ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por el partido Vox contra la presidenta de Navarra, María Chivite. La alta corte ha determinado que no existen suficientes indicios de delito en las acciones de Chivite en relación a la adjudicación de contratos públicos.

Según un auto del tribunal, publicado por Europa Press, la querella no proporciona detalles concretos que permitan establecer, aunque sea de manera preliminar, que Chivite haya tomado decisiones destinadas a manipular los procedimientos de contratación o que haya intervenido activamente en la evaluación de ofertas o en la gestión de los expedientes pertinentes.

La formación política, encabezada por Santiago Abascal, acusó a Chivite de posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal vinculados a la concesión de varios contratos públicos. Sin embargo, el Supremo ha subrayado que no hay evidencias de que Chivite se haya beneficiado de algún tipo de ventaja ilícita por su actuación administrativa.

La querella no solo se dirige contra Chivite, quien tiene fueros ante el Tribunal Supremo, sino también contra varios funcionarios y exmiembros del gabinete socialista, incluyendo a Santos Cerdán y Koldo García. Vox sostiene que estos individuos podrían haber acordado favorecer a ciertas empresas en el proceso de adjudicación de contratos.

Los magistrados han señalado que la querella se basa en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero carece de pruebas concretas que avalen las acusaciones. En lugar de eso, se apoya en generalidades y sospechas que no logran superar el umbral necesario para la apertura de un juicio.

Los contratos públicos cuestionados incluyen la concesión de la Mina Muga, donde se extrae potasa, además de obras en el Navarra Arena y otros proyectos urbanísticos en la región. La relación entre Chivite y los contratos se fundamenta casi exclusivamente en su rol como presidenta del Gobierno de Navarra, además de unas pocas reuniones con otros implicados, lo que no es suficiente para establecer culpabilidad.

El tribunal destaca que las evidencias presentadas no tienen la exactitud y el fundamento necesario, limitándose a conjeturas basadas en el cargo institucional de Chivite y sus relaciones personales. Así, el Supremo ha decidido archivar la querella, aunque aclara que los hechos en cuestión podrían ser objeto de denuncia si están relacionados con individuos sin fueros o con actuaciones administrativas que puedan ser investigadas bajo otras circunstancias.