En un importante giro judicial, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha desestimado la solicitud del Gobierno de Navarra, bajo la dirección de María Chivite, para que se le reconozca como parte perjudicada en el caso que involucra al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como a sus antiguos colaboradores Koldo García y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

La decisión se produjo tras la evaluación de un escrito presentado por el Gobierno foral, que según el juez, resulta insuficiente e incierto. En su providencia dictada este lunes, Puente afirmó que el documento carece de claridad al no especificar qué hechos concretos, ni qué posible infracción penal, respaldarían la argumentación de que el Ejecutivo navarro ha sido una víctima en esta situación.

La controversia surgió el pasado viernes, cuando el Gobierno de Navarra decidió llevar a cabo una reunión extraordinaria con el fin de convertirse en parte acusadora en la investigación que indaga sobre el presunto cobro de sobornos relacionados con adjudicaciones de contratos públicos. Esta decisión se tomó a raíz de la filtración de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que indica que la supuesta red de corrupción, liderada por Ábalos y sus aliados, también tuvo ramificaciones en Navarra.

Los investigadores han vinculado a Santos Cerdán como el principal instigador de una operación que empezó en 2015, involucrando a Koldo García en Navarra, mientras ambos ascendían en la política. A medida que su influencia creció, la trama se extendió hasta llegar al Ministerio de Transportes, convirtiéndose en un punto neurálgico de estas irregularidades.

El informe de la UCO respalda sus denuncias con ocho grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023, donde se pueden escuchar conversaciones entre él, Cerdán y Ábalos. Estas grabaciones revelan que, en un principio, Cerdán parecía tener el control, pero la dinámica cambió con la llegada de Ábalos y García al Ministerio, llegando al punto en que estos, tras perder sus cargos, intentaron recuperar capital a expensas de Cerdán.

Entre las acusaciones, se menciona que las adjudicaciones de obras públicas en cuestión, a empresas como Acciona, OPR y LIC, fueron objeto de una trama de sobornos, con la Guardia Civil estimando que solo de Acciona podrían haber obtenido alrededor de 620.000 euros, debiendo aún 450.000 euros. Cerdán, en un desafío abierto, ha manifestado: "Voy a ir a por todo".

Además, las investigaciones revelaron durante un registro en la vivienda del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, realizado el pasado 10 de junio, que Cerdán poseía el 45% de Servinabar, una de las empresas clave en la sospecha de amaños en contratos públicos. Este hallazgo señala que Servinabar recibió adjudicaciones por más de 75 millones de euros por parte del Gobierno navarro.

En medio de este escándalo, la presión sobre el PSOE de Navarra ha aumentado, resultando en la dimisión de Ramón Alzórriz de su cargo como vicesecretario general del partido. Durante una conferencia de prensa, Alzórriz admitió que su pareja trabaja en Servinabar, que ha sido mencionada como una de las adjudicatarias en la polémica de los túneles de Belate, además de estar estrechamente vinculada a Cerdán, quien posee una participación significativa en la empresa.