El Partido Popular (PP) y la Fiscalía Anticorrupción han manifestado su firme oposición al levantamiento de la medida cautelar que mantiene en prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien enfrenta graves acusaciones en el marco del 'caso Koldo'.

La próxima vista del Tribunal Supremo está programada para el martes a las 10:30 horas, donde se discutirá el recurso de apelación presentado por Cerdán. Este recurso busca revocar la decisión del juez instructor, quien lo envió a prisión al considerar que hay indicios de su implicación en una red de corrupción vinculada con la obtención indebida de contratos públicos, tráfico de influencias y cohecho.

El tribunal, que examinará el caso a puerta cerrada, está compuesto por magistrados de renombre, entre ellos el ponente Pablo Llarena. La defensa de Cerdán alega que no hay pruebas suficientes en su contra y denuncia una persecución judicial de carácter general.

En sus alegaciones, el ex dirigente socialista critica la conducta del juez a cargo de su caso, sugiriendo que se busca forzar una confesión, similar a lo ocurrido en otro escándalo relacionado con la compra de mascarillas. También ha puesto en duda la validez de las grabaciones que lo incriminan, sugiriendo que su interlocutor podría haber actuado como colaborador de la autoridad judicial.

Cerdán se ha defendido argumentando que su interés en ciertos proyectos de obras públicas corresponde a su función como enlace entre el PSOE y el Gobierno, especialmente en momentos previos a elecciones. Asevera no tener responsabilidad en la distribución de las supuestas comisiones ilegales y critica la estimación de las mismas, que alcanza los 5 millones de euros, como una creación "artística" de la justicia.

El asunto se complica al revelarse que la Guardia Civil ha solicitado información sobre quiénes visitan a Cerdán en la cárcel, lo que su defensa considera una violación de sus derechos. Desde el entorno judicial, sin embargo, se argumenta que existen motivos sólidos para mantener la prisión preventiva, destacando los riesgos de ocultar o alterar pruebas.

El instructor del caso ha señalado que hay suficientes evidencias para sospechar que Cerdán, en colaboración con otras figuras clave como el ex ministro José Luis Ábalos, estableció una estructura delictiva orientada a obtener beneficios económicos a través de la corrupción en licitaciones públicas. El magistrado detalla que Cerdán jugaba un papel central en esta presunta organización, encargado de gestionar las comisiones y dirigir la recaudación de fondos ilícitos.

La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la decisión judicial de mantener a Cerdán tras las rejas, argumentando que su papel en la trama es fundamental y que sigue existiendo un riesgo notable de que pueda comprometer la investigación. El fiscal Alejandro Luzón ha enfatizado que Cerdán no solo tenía un rol operativo en la organización, sino que también poseía un conocimiento crítico sobre las dinámicas de corrupción que todavía no han sido completamente reveladas.

El PP, en su rol de acusación popular, ha cuestionado la reclamación de Cerdán al afirmar que es objeto de una persecución política, dejando claro que esta es una causa que trasciende lo político y se centra en actos de corrupción que involucran tanto a políticos en activo como a empresarios.