En Madrid, el 22 de julio, se llevó a cabo una vista en el Tribunal Supremo relacionada con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Su defensa sostiene que su situación actual es resultado de una "presunción de indecencia" y no de un riesgo real de que se destruyan pruebas, un argumento que ha sido presentado en el contexto de su apelación para revocar su prisión preventiva por el denominado 'caso Koldo', que investiga un posible amaño de obras.

Los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han expuesto que el riesgo señalado por el magistrado Leopoldo Puente, que llevó a su encarcelamiento el pasado 30 de junio, podría haberse mitigado. Aseguran que, desde que dejó de ser diputado y perdió su aforamiento el 16 de junio, era viable realizar un registro que hubiera asegurado la conservación de las evidencias.

En su intervención, los letrados han resaltado que Cerdán entregó su teléfono móvil a su familia al ingresar en prisión, y que este dispositivo ha permanecido en su hogar desde entonces. Además, hicieron notar que informaron al Tribunal Supremo sobre un posible cambio de residencia de la familia el lunes anterior a la audiencia, sin que se tomaran medidas al respecto.

Por otro lado, los defensores de Cerdán han contradicho las afirmaciones del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien criticó la actuación de Cerdán durante su declaración del 30 de junio, calificándola de ser una "entrevista amable" en lugar de un interrogatorio. La defensa argumentó que Cerdán no tuvo la oportunidad de responder a las preguntas de los magistrados porque estos no se lo permitieron.

Los abogados han expresado su preocupación por lo que perciben como un cambio de la presunción de inocencia a una presunción de indecencia, al dirigir sus argumentos ante el tribunal de apelación, compuesto por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último encargado de presentar el caso de Cerdán.