En un giro inesperado de los acontecimientos, la defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha puesto en entredicho la validez de un documento que lo vincula a una controvertida red de corrupción. Cerdán es citado este lunes como imputado ante el Tribunal Supremo tras un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo señala como uno de los actores clave en un supuesto esquema de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.

El informe, conocido como 'informe Cerdán', salió a la luz el 12 de junio y marcó el inicio de una serie de acontecimientos que llevaron a su dimisión inmediata como secretario de Organización del PSOE y su posterior renuncia como diputado, formalizada el 16 de junio. La magnitud de las acusaciones ha dejado al ex dirigente socialista en una posición muy delicada.

El instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, le ofreció la opción de declarar de manera voluntaria el 25 de junio, en un intento por avanzar en la investigación. Sin embargo, con su renuncia al cargo de diputado, Cerdán perdió el estatus de aforamiento, lo que permitió al magistrado citarlo directamente como imputado. A pesar de esto, se le concedió un aplazamiento para que su abogado pudiera preparar adecuadamente su defensa, fijando la fecha para este lunes.

Fuentes cercanas a la defensa de Cerdán han indicado que está dispuesto a ofrecer explicaciones sobre las "solidas evidencias" que el instructor ha presentado en su contra, las cuales apuntan a delitos de organización criminal y cohecho. Sin embargo, su defensa también intentó que estas declaraciones se retransmitieran en directo para garantizar la transparencia, aunque esta solicitud fue rechazada por el juez alegando incompatibilidad con la naturaleza reservada de la instrucción.

Después de su declaración, el magistrado considerará la posibilidad de imponer medidas cautelares, similar a lo que ocurrió con otros implicados en el caso, tales como el ex ministro Ábalos y su asesor Koldo. A estos se les ha prohibido salir de España, se les ha retirado el pasaporte y se les exige que se presenten con regularidad ante las autoridades judiciales.

A medida que se revelan detalles sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública, Puente ha comenzado a revisar las restricciones anteriores impuestas a Ábalos y Koldo, ratificándolas a solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, también se oyen voces dentro de las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, que están pidiendo prisión provisional para los implicados.

Durante su más reciente comparecencia, Ábalos, en su tercer encuentro con el Tribunal, alegó que no se sentía representado en los audios obtenidos en el informe de la UCO, sugiriendo que podían haber sido manipulados. En cuanto a Cerdán, él también ha expresado públicamente su desacuerdo con los audioclips citados en la investigación, lo que sugiere que podría adoptar una posición similar ante el Tribunal Supremo.

La revelación de esta serie de supuestos actos corruptos ha forzado a Ábalos y Koldo a replantear sus estrategias de defensa, considerando cada opción hasta el último momento. A pesar de todo, Ábalos indicó su intención de colaborar con la justicia, aunque admitió estar pasando por una situación personal muy complicada que le impedía ofrecer una versión clara de los hechos en ese momento.

Los informes preliminares apuntan a que la red de corrupción podría haberse establecido en 2015 en Navarra, donde Cerdán y Koldo desempeñaban un papel fundamental. A medida que estos políticos avanzaban en sus carreras, los investigadores sugieren que el papel de Cerdán en las supuestas irregularidades fue evolucionando, pasando de involucrarse activamente a convertirse en un simple gestor de "pagos".

Las investigaciones han identificado a varias constructoras, como Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción, como las empresas involucradas en las adjudicaciones que están siendo revisadas. Se estima que solo las comisiones de Acciona podrían haber ascendido a 620.000 euros, aunque aún estarían pendientes de pago 450.000 euros. Cerdán ha manifestado su intención de enfrentar esta situación de frente.

Uno de los temas cruciales que se abordarán durante el interrogatorio a Cerdán es el contrato privado encontrado por la UCO en una reciente operación. El documento indica que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar por 6.000 euros en 2016, un hecho que cobrará relevancia en el proceso judicial. Aunque su defensa argumenta que se trata de un "mero contrato privado", la implicación de dicho documento en el caso podría ser decisiva.

La controversia generada por el 'informe Cerdán' promete seguir en el centro de atención, con las próximas declaraciones de otros implicados programadas para continuar a finales de esta semana. A medida que el caso avanza, la comunidad política y judicial permanece atenta a las revelaciones que se produzcan, a la espera de que se haga justicia en este acusador marco de corrupción.