En Pamplona, el próximo 14 de octubre dará inicio la serie de comparecencias en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, un proceso que se centrará inicialmente en las adjudicaciones relacionadas con la obra de desdoblamiento de los túneles de Belate. Jesús Polo Soriano, presidente de la mesa de contratación, será el primero en rendir cuentas ante la comisión.

Este acuerdo fue alcanzado durante una reunión interna celebrada el miércoles por la comisión, donde se definió el orden de intervención de los 41 convocados. Entre ellos se encuentran figuras relevantes como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien comparecerá en el lugar 24, así como el empresario Antxon Alonso (19) y Koldo García, exasesor del ministro Ábalos (27).

Irati Jiménez, presidenta de la mencionada comisión, ofreció una rueda de prensa tras la reunión para detallar el resultado del "complejo" debate sobre el orden de las comparecencias, que fue aprobado con una votación de 26 a favor y 23 en contra. Jiménez subrayó que esta decisión es "provisional".

Asimismo, se acordó la urgencia de las comparecencias, lo que permite notificar estas con un plazo de solo tres días, en lugar del tiempo estipulado por la normativa. Esta medida busca agilizar el proceso de investigación.

En cuanto a los tiempos para cada intervención, se estableció que cada portavoz dispondrá de 60 minutos. Las comparecencias se llevarán a cabo los martes y miércoles, comenzando por el grupo con mayor representación, salvo en aquellos casos donde un único grupo haya propuesto al compareciente, en cuyo caso comenzará ese grupo.

La comisión también decidió "requerir" información que ha sido solicitada previamente pero que no ha sido proporcionada de forma adecuada. En este sentido, Jiménez indicó que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han respondido con la negativa a entregar la información solicitada. Ante esto, la comisión identificará la información recibida que no cumple con los requisitos, y procederá a recurrirla.

La presidenta de la comisión confirmó que el Gobierno de España debe enviar información relevante, y que ya han recibido respuestas de entidades como el Gobierno de Navarra, Servinabar, Geoalcali, así como de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa.

Por último, se aprobó solicitar un informe a los servicios jurídicos para aclarar la responsabilidad de cada miembro de la comisión en relación con el tratamiento y gestión de la información que se reciba durante el proceso.