Aierdi afirma que los reportes de Anticorrupción incluyen "opiniones subjetivas" y niega cualquier "favoritismo".

En la ciudad de Pamplona, el 15 de septiembre, José María Aierdi, responsable del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ha defendido la gestión de contratos de obras de vivienda de protección oficial (VPO) en Erripagaña durante su mandato como director gerente de Nasuvinsa, que abarcó el periodo de 2015 a 2019. Aierdi ha señalado que el informe emitido por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra contiene críticas que, según él, reflejan una evaluación sesgada y parcial de las actuaciones realizadas. Afirmó que no se otorgó ningún tipo de “trato de favor” a las empresas involucradas en el proceso.
En una conferencia de prensa celebrada este lunes, Aierdi estuvo acompañado por Alberto Bayona, quien dirigió Nasuvinsa de 2019 a 2023. Juntos abordaron el informe de la Oficina Anticorrupción, que pone en cuestión el contrato de construcción de 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña, que fue adjudicado a la UTE Acciona-Servinabar. El informe sostiene que Nasuvinsa transgredió los principios fundamentales de la contratación pública y violó la legislación foral, indicando que la empresa pública “incumplió de plano” la normativa vigente respecto a contratos públicos y la regulación correspondiente.
En relación con las acusaciones sobre el incumplimiento de la ley de Contratos Públicos, Aierdi argumentó que el informe critica a Nasuvinsa por no utilizar la plataforma PLENA para llevar a cabo la contratación. Sin embargo, enfatizó que esta opción era “materialmente imposible” ya que dicha plataforma no estaba disponible al inicio del proceso de contratación.
Respecto a la supuesta falta de autorización para contratar por parte del Gobierno de Navarra, así como la carencia de acciones preparatorias del contrato, Aierdi remarcó que estas cuestiones deben analizarse dentro del contexto del Plan de Vivienda 'Navarra Social Housing', el cual fue aprobado por el Gobierno regional. Aseguró que había un respaldo documentado y legítimo para todas las acciones realizadas en este proceso.
(Esta información continuará en ampliaciones futuras.)
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