El grupo regionalista UPN ha manifestado su desacuerdo con algunas de las afirmaciones planteadas por la letrada mayor del Parlamento de Navarra en relación a sus iniciativas legislativas. En su opinión, la abogada, a pesar de ser consultada sobre la adecuación de sus proposiciones al marco constitucional, ha realizado juicios que consideran inapropiados.

En una conferencia de prensa, la parlamentaria Marta Álvarez destacó que la letrada no detectó "ningún vicio de inconstitucionalidad" en las leyes propuestas por UPN, que buscan proteger el acceso a la docencia en Navarra al impedir a personas condenadas por terrorismo trabajar en la educación y administración públicas, así como garantizar que no se subvencione a entidades que contraten a estas personas.

Álvarez hizo referencia a un informe elaborado a instancias del PSN y con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu y Contigo, donde la letrada concluye que la Mesa del Parlamento no debería haber detenido el trámite de las proposiciones de UPN. Afirmó que la actuación de la Mesa vulneró el derecho de participación política, considerándolo inconstitucional según el Tribunal Constitucional.

La parlamentaria insistió en que UPN demandará el cumplimiento de la Constitución y llevará adelante la tramitación de su ley. Criticó a los partidos como el PSN y Geroa Bai por no adoptar una postura clara en favor de la democracia y de condenar el terrorismo, sugiriendo que deben instar a EH Bildu a adoptar una postura similar.

A pesar de que la tarea de la letrada era informar únicamente sobre la conformidad al artículo 25 de la Constitución, optó por evaluar otros aspectos que podrían resultar problemáticos. Sin embargo, Álvarez subrayó que ambas propuestas son constitucionales y que el informe cuestiona su efectividad en cumplir los objetivos planteados.

En referencia a la modificación de la ley foral de Subvenciones, Álvarez mostró su asombro ante la confusión de la letrada entre subvenciones y conciertos educativos, aclarando que UPN nunca ha buscado cambiar la normativa que regula estos últimos, dado que no tienen competencia para ello.

La falta de concretitud señalada por la letrada también fue objeto de respuesta. Álvarez explicó que su grupo legislativo definió claramente los puestos de trabajo a los que se aplica la proposición, de manera similar a lo establecido en la ley de protección integral a la infancia. Aseguró que la especificidad es necesaria para evitar una aplicación indiscriminada, que podría considerarse inconstitucional.

Este razonamiento también se aplica a la proposición sobre la modificación del Estatuto de la Función Pública, que, según la letrada, podría ocasionar conflictos en el sistema estatal de concursos para docentes. En respuesta, Álvarez defendió la legalidad de establecer requisitos específicos para acceder a puestos en Navarra, citando ejemplos de criterios lingüísticos en la Comunidad foral y otras regiones.

Con la intención de fortalecer la coordinación en todo el país, UPN planea proponer en el ámbito nacional una medida similar a la que han presentado en Navarra. Álvarez enfatizó la importancia de actuar sin esperar a decisiones desde Madrid, argumentando que su propuesta se ajusta al marco constitucional y es fundamental para asegurar que futuras generaciones reciban educación de profesionales adecuadamente preparados, alejados de vínculos con actos de terrorismo.