En un nuevo giro de los acontecimientos en la residencia Benito Menni, ubicada en Elizondo, el sindicato ELA ha declarado una huelga de 24 días que comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 24 del mismo mes. Los trabajadores han decidido salir a la calle para exigir mejoras en sus condiciones laborales, haciendo además un llamado a una marcha que tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre, culminando en la sede del Parlamento de Navarra en Pamplona.

Desde el sindicato ELA han resaltado que los empleados han estado luchando durante más de un año, con más de 100 días de huelga en busca de mejores condiciones no solo para ellos, sino también para el sistema de salud mental que ofrecen. Han denunciado que la dirección de la residencia continúa priorizando sus beneficios a expensas de la calidad del servicio que se brinda a los pacientes y de las condiciones de trabajo de su personal. También han indicado que el Gobierno de Navarra ha permanecido ausente en su deber de supervisar un servicio que es financiado con fondos públicos.

El conflicto laboral se ha intensificado tras el cierre de uno de los tres edificios de la institución, lo que ha resultado en despidos, modificación de condiciones laborales y un deterioro del servicio que se ofrece a los usuarios. Esta situación no solo afecta a los empleados, sino que también repercute en la calidad del cuidado que reciben los pacientes.

ELA ha enfatizado que se trata de un servicio público que ha sido subcontratado, y que su financiación proviene del erario público. El sindicato ha puesto el foco en la responsabilidad del Gobierno de Navarra, afirmando que es inaceptable que se permita que la empresa anteponga su afán de lucro a la sostenibilidad del servicio y al bienestar tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Las trabajadoras han expresado su deseo de entablar una negociación genuina que les permita alcanzar un convenio que contemple incrementos salariales, reducción de jornadas y una disminución en la carga laboral. Han dejado claro que cualquier mejora es imposible sin la intervención del Gobierno, solicitando que este proporcione los recursos necesarios y exija a la empresa un modelo de atención que dignifique tanto a los pacientes como a los profesionales que los atienden. Desde ELA se ha criticado la falta de progreso y la postura inmutable tanto de la dirección de la residencia como del Ejecutivo navarro.