En una reciente declaración, el Partido Popular de Navarra ha planteado la necesidad de extender de dos a cuatro años el tiempo de residencia legal requerido para acceder a las prestaciones económicas en la Comunidad foral. Este cambio se propone con el objetivo de eliminar lo que se ha denominado “efecto llamada”, el cual, según el partido, ha contribuido a un “descontrol” en la entrega de la renta garantizada a personas que, a menudo, no tienen intenciones reales de integrarse laboralmente.

El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas, subrayó la urgencia de endurecer los criterios de acceso a esta asistencia económica. En su intervención ante los medios, mencionó que, además de aumentar el tiempo de residencia, se implementarán sanciones para aquellos que rechacen ofertas de trabajo o que no participen desde el principio en un proceso de inserción laboral que sea claro y público, lo cual resultará en la pérdida inmediata de la renta garantizada.

Sayas hizo hincapié en que la actual situación de la renta garantizada en Navarra está generando un “efecto llamada” que atrae a personas a la región con el propósito de recibir ayudas, a menudo sin una intención de emplearse. Citó estadísticas que indican que de las 68.828 personas que perciben esta ayuda en toda España, 8.149 residen en Navarra, representando casi el 12% de los beneficiarios, a pesar de que la comunidad solo alberga el 1,4% de la población total del país. “Estadísticamente, tenemos seis veces más beneficiarios de rentas garantizadas de lo que sería lógico en función de nuestra población”, apuntó.

Adicionalmente, el líder del PPN reveló que Navarra es la tercera comunidad autónoma española con una mayor renta per cápita, pero al mismo tiempo, posee la segunda tasa más alta de perceptores de renta garantizada per cápita. Con una renta per cápita de 39.076 euros, Navarra muestra un 5,53% de beneficiarios frente a un 1,12% en Cataluña y un 0,37% en Baleares, a pesar de que ambas comunidades tienen economías semejantes.

“Estamos otorgando cinco veces más en renta garantizada que Cataluña y diez veces más que Baleares. Esto nos indica que hay un descontrol y que la ayuda no está cumpliendo con la función de fomentar la inserción laboral. No tenemos claridad sobre si quienes reciben estas prestaciones realmente residen en Navarra o si están dispuestos a aceptar trabajo”, añadió Sayas.

Por último, el PPN ha iniciado conversaciones con la Asociación de Hosteleros, buscando establecer diálogos con representantes sociales y económicos de Navarra. El objetivo de estas reuniones es discutir la renta garantizada, entender las necesidades de contratación en el sector y explorar cómo se puede optimizar la propuesta legislativa que el partido tiene previsto presentar en el Parlamento para modificar las condiciones de la renta garantizada.