PAMPLONA, 15 de noviembre. En una reciente sesión del pleno del Parlamento de Navarra, la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad se convirtió en un escenario de discusión fundamental. La propuesta de resolución impulsada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) fue aprobada, enfatizando la creciente preocupación por la proliferación de bulos y desinformación, fenómenos que, según se argumenta, buscan desestabilizar la convivencia social y generar tensión, especialmente en las plataformas de redes sociales. Como respuesta a esta problemática, se instó al Gobierno de Navarra a tomar medidas proactivas para fomentar la alfabetización mediática en toda la sociedad navarra, prestando especial atención a los grupos más vulnerables.

La misma propuesta también incluyó una condena explícita a la violencia y los asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA, así como un rechazo categórico a cualquier acto que reconozca o exalte a los terroristas en el contexto de su reinserción social, como su inclusión en listas electorales o instituciones públicas. Además, el Parlamento mostró su desaprobación hacia diversas manifestaciones de violencia en la sociedad, centrándose en la violencia de género, así como en aquellos actos discriminatorios motivados por la raza, la orientación sexual o la ideología política.

De manera complementaria, el Parlamento de Navarra se comprometió a fomentar un ambiente de convivencia, respeto e igualdad en todos los rincones del territorio, así como a reiterar su defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos. La proposición también aboga por el respeto y la defensa de la separación de poderes, considerada esencial en cualquier sistema democrático saludable.

El respaldo a esta iniciativa fue mayoritario, obteniendo votos a favor de UPN, PSN (Partido Socialista de Navarra) y PPN (Partido Popular de Navarra). Sin embargo, la coalición de izquierdas EH Bildu, Geroa Bai y el grupo Contigo-Zurekin se manifestaron en contra de la propuesta, mientras que Vox optó por la abstención. Esta resolución fue la única de las cinco propuestas presentadas por UPN que logró ser aprobada durante esta sesión plenaria.

En lo que respecta a sus otras iniciativas, UPN propuso al Gobierno de Navarra una ambiciosa reforma en el modelo de atención primaria. Esta reforma se sostiene en la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a este sector, buscando que alcance el 20% en un plazo de dos años. Además, la propuesta incluye la exigencia del cumplimiento de los plazos máximos de espera para recibir atención médica, estipulados por la ley foral 14/2008, de 2 de julio, y la creación de plazos específicos que actualmente no existen para las consultas de revisión y pruebas complementarias, con una exigencia de transparencia en cuanto a los tiempos de espera.

En el ámbito de la vivienda, UPN planteó la creación de una Mesa por la Vivienda, con participación de representantes del Gobierno de Navarra y de los municipios más afectados por la demanda. Este organismo tendría como objetivo acordar medidas que faciliten tanto el incremento como la aceleración de la oferta de vivienda protegida. UPN también solicitó que se disponga de un presupuesto considerable para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda, en el marco de lo que se ha calificado como un 'plan de choque urgente'.

Otra de las propuestas presentada por UPN abordó el tema de la educación, reclamando al Gobierno foral que garantice el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en el Primer Ciclo de Educación Infantil de forma gratuita. Para ello, se sugiere la utilización de plazas en centros privados que estén debidamente autorizados, así como la implementación de convocatorias de ayudas para que dichas instituciones puedan adecuar sus instalaciones a la normativa vigente y ser reconocidas como escuelas infantiles oficiales.

Además, los regionalistas demandaron el inicio del proceso de conversión del Programa de Aprendizaje en Inglés a un modelo que se integre plenamente en el sistema educativo navarro, proponiendo su progresiva implementación en los centros educativos a partir del curso 2025/2026.

Por último, UPN instó al Gobierno de Navarra a reformar la ley foral de Renta Garantizada, con el fin de establecer un modelo de renta de inclusión social que evite la cronificación del subsidio, y que, en cambio, incentive la inclusión y el acceso al mercado laboral de los beneficiarios de dicha ayuda.