En una nueva iniciativa en el ámbito de la atención a menores migrantes, el Gobierno de Navarra ha señalado la posibilidad de abrir un tercer Centro de Observación y Acogida (COA), que se sumaría a las instalaciones ya existentes, con una capacidad para albergar hasta 25 jóvenes en Pamplona. Este nuevo centro, que estará operativo coincidiendo con la apertura de otra instalación en mayo, tiene como objetivo principal disminuir la carga actual sobre el centro de Marcilla.

La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, presentó esta propuesta durante una sesión informativa en el Parlamento, donde se discutió la situación de los recursos destinados a la protección de menores, la cual fue solicitada por UPN. Maeztu destacó la fortaleza y la solidez del sistema navarro, aunque también reconoció que enfrenta desafíos que se están abordando de manera proactiva.

La consejera mencionó que el Gobierno ha estado trabajando en una serie de medidas para optimizar los recursos, incluyendo la reciente formulación de una Estrategia Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia para el período 2025-2030. Este plan se llevará a cabo a través de acciones anuales que ya están muy avanzadas hacia su aprobación.

Actualmente, Navarra dispone de un total de 448 plazas residenciales para menores, además de 98 adicionales mediante programas de acompañamiento para jóvenes en comunidades. Esto representa un aumento significativo en comparación con 2015, cuando había 200 plazas menos, lo que refleja un crecimiento del 180% en los últimos años.

Maeztu detalló que la comunidad cuenta en la actualidad con siete COAs, siendo el de acogida para menores migrantes el que más presión enfrenta. Además de los recursos básicos, hay varios centros especializados y medidas educativas que complementan el sistema, proporcionando una atención integral a los jóvenes menores en diferentes situaciones de vulnerabilidad.

El incremento de menores atendidos ha sido notable, registrándose un aumento del 21% en 2024 respecto al año anterior, alcanzando hasta 625 menores bajo la custodia del Gobierno, y más de 800 si se incluyen a jóvenes mayores de edad en programas de autonomía. La mayoría de estos menores provienen de familias residentes en Navarra, pero también se destaca que una parte considerable son menores no acompañados.

Con el fin de abordar la llegada de menores migrantes de otras comunidades, como las Islas Canarias y Ceuta, Maeztu ha manifestado que el Ministerio no ha podido especificar cuántos de estos menores serán asumidos por cada comunidad, aunque ya se están identificando nuevos espacios que podrían permitir la creación de hasta 100 nuevas plazas para su atención.

Varias voces en el Parlamento han manifestado su opinión sobre la situación actual. Raquel Garbayo, de UPN, ha cuestionado la suficiencia de los recursos disponibles, sugiriendo que los centros están sobrecargados. En contraste, Olga Chueca, del PSN, ha elogiado los esfuerzos realizados, aunque ha reconocido que hay desafíos que deben ser abordados sin generar alarmas innecesarias.

Desde EH Bildu, se ha advertido que algunos indicadores sugieren que el sistema podría estar tensionado, aunque sus representantes creen que se cuenta con las fortalezas necesarias para superarlo. Por su parte, otros grupos han expresado diversas preocupaciones, desde la saturación de recursos hasta la necesidad de abordar las causas subyacentes que generan el flujo de menores migrantes.

La discusión se ha centrado en encontrar un equilibrio entre la respuesta humanitaria y la capacidad de las comunidades para atender a estos jóvenes, mientras se enfatiza la responsabilidad de ofrecer un entorno seguro y apoyador para ellos en un momento tan crítico de sus vidas.