PAMPLONA, 13 de marzo.

Alberto Frías, portavoz de la Plataforma 'No Línea de Alta Tensión - Autopista Elektrikorik Ez', ha expresado su satisfacción ante el reciente rechazo del proyecto Kyoko de Forestalia. Frías ha señalado que esta iniciativa carecía de sentido y se encontraba mal justificada, llevando a una situación insostenible para la región.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz informó que la Dirección General de Política Energética y Minas del Gobierno español ha decidido desestimar la solicitud de autorización necesaria para la construcción del proyecto Kyoko y su relacionado sistema de evacuación de energía.

El fallo se basa en la caducidad del permiso de acceso y conexión, dado que Forestalia no ha demostrado que cumplía con los requisitos administrativos ante el gestor de la red, Red Eléctrica de España (REE). Frías enfatizó que esta decisión fue el resultado de un arduo esfuerzo por parte de los afectados, quienes presentaron múltiples alegaciones y recursos, que obligaron a Forestalia a implementar condiciones específicas para obtener la autorización de construcción, condiciones que finalmente no fueron cumplidas.

Frías destacó el trabajo conjunto y solidario de los municipios afectados por la amenaza de estas líneas de alta tensión. Pese a la tentación de actuar de manera individual, los residentes en su mayoría se unieron y lograron este resultado positivo.

El portavoz explicó que, al principio, la situación era alarmante, con la tramitación simultánea de varias líneas de alta tensión, entre ellas los proyectos Kyoko y UME de Forestalia. Este escenario generó una gran preocupación en las localidades de Navarra y Gipuzkoa, ya que los proyectos dejaban poco margen para el desarrollo sostenible de la zona.

Los planes de Forestalia y REE implicaban la instalación de líneas de alta tensión de 400 kV y se superponían a otras infraestructuras ya existentes a 220 kV, lo que representaba un fuerte impacto ambiental. Las localidades afectadas incluían Tafalla, Artajona, y otras en Navarra, así como Idiazabal y Gabiria en Gipuzkoa, así como partes de Álava.

El proyecto Tebe-Ume se tramitó junto a Kyoko, utilizando la misma infraestructura de evacuación, lo que complicaba aún más su viabilidad, dado que su permiso caducó en abril de 2025.

Las alegaciones presentadas por la plataforma fueron fundamentales para demostrar que el desarrollo de estas líneas en paralelo no era viable y generaría efectos acumulativos devastadores para el medio ambiente. La Declaración de Impacto Ambiental resultante reflejó en parte estos argumentos y obligó a Forestalia a cumplir ciertas condiciones para avanzar en su proyecto.

Frías también informó que Forestalia tiene un mes para recurrir la resolución, aunque su previsión es que dicho recurso no tenga fundamento, ya que fue la propia empresa la que no cumplió con los requisitos establecidos.

El portavoz lamentó que la solución más adecuada, que implicaba reducir el impacto ambiental mediante la compactación de las líneas, no fuera tomada en cuenta por la empresa, que prefería desarrollar su propia línea de evacuación independiente.

Aunque la plataforma celebra la desestimación de este proyecto, Frías expresó su deseo de poder disolver la organización, aunque el proyecto de la Red Eléctrica sigue en pie. Por ello, reafirmó el compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de las líneas existentes y seguir vigilantes ante futuros desarrollos.

Frías también criticó el proceso de tramitación del proyecto, al que calificó de excesivamente complicado y rodeado de irregularidades. Puso de manifiesto las incongruencias en la valoración ambiental inicial, que favorablemente se transformaron a pesar de los condicionantes impuestos posteriormente.

Criticando la trayectoria de Forestalia, Frías argumentó que desde el inicio se percibió un enfoque más especulativo que una genuina intención de contribuir a la transición energética a través de energías renovables.

Finalmente, la plataforma ha catalogado los proyectos de Forestalia como ilegales e inaceptables, señalando las numerosas irregularidades en su tramitación y el impacto que estas podrían tener en el entorno natural, lo que ahora se ve respaldado por las investigaciones en curso sobre la empresa.