En un giro significativo en la gestión pública, el Gobierno de Navarra ha tomado la decisión de personarse como acusación particular en un caso penal que se está tramitando ante el Tribunal Supremo. Esta acción se enmarca en la búsqueda de proteger los intereses de los ciudadanos, según ha declarado la presidenta de Navarra, María Chivite, durante una sesión extraordinaria reciente.
Esta iniciativa surge tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señala posibles irregularidades en las licitaciones de obras públicas. El Ejecutivo foral ha argumentado que algunas de las empresas mencionadas en el informe han recibido contratos del gobierno, por lo que podrían haberse convertido en víctimas de las circunstancias que rodean esta investigación.
Chivite ha dejado claro que lo que se busca con esta medida es salvaguardar los intereses de la ciudadanía navarra y reforzar la transparencia en la gestión pública. Aunque hasta el momento no se ha comprobado ninguna ilegalidad en las adjudicaciones realizadas, el Gobierno ha decidido implementar auditorías adicionales como una forma de garantizar una mayor rendición de cuentas en sus procesos.
En la misma reunión, el gobierno foral ha realizado un análisis de la situación política actual, reafirmando su compromiso de llevar a cabo las acciones acordadas durante el proceso de investidura. Chivite ha instado a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción a examinar varias obras, como la reforma del Archivo de Navarra y la adecuación de oficinas en el Navarra Arena, para evitar cualquier sospecha sobre la transparencia de las adjudicaciones.
Del mismo modo, ha solicitado al Parlamento de Navarra que encargue a la Cámara de Comptos la revisión de estos contratos, aunque el contrato del túnel de Belate ya ha sido debidamente auditado. Recientemente, se ha añadido a esta solicitud la adjudicación relacionada con el colegio público de Arbizu.
Por último, el Gobierno de Navarra ha indicado que están en marcha las gestiones necesarias para llevar a cabo una auditoría externa, y se están estudiando las modalidades para proceder con la licitación de esta herramienta de control en el menor tiempo posible.
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