En una reciente sesión en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho un anuncio significativo respecto a las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo, específicamente para aquellas afectadas por la organización terrorista ETA. El ministro ha manifestado su compromiso de aumentar a 38 millones de euros la partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a estas compensaciones, incluso en casos donde no hay sentencia condenatoria o en aquellos que se consideran como casos sin resolver.

Este compromiso fue planteado en respuesta a las inquietudes expresadas por la senadora de UPN, María Caballero, quien ha instado al Gobierno a no posponer más la implementación de este planteamiento. Cabe recordar que la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo fue aprobada en 2011, y la senadora ha enfatizado la necesidad de que se priorice este asunto, contrastándolo con la rapidez que parece existir en la atención a los problemas de los presos de ETA.

Marlaska declaró que la propuesta dentro de los Presupuestos del Ministerio del Interior ya incluye esta medida, añadiendo que espera que la ley de presupuestos del próximo año avance favorablemente. Durante su intervención, el ministro solicitó el apoyo de las diversas fuerzas políticas con el fin de lograr el visto bueno a este aumento de la partida, que actualmente se sitúa en 25 millones de euros, una cifra que fue catalogada como insuficiente por parte de UPN.

El ministro explicó que este compromiso se extiende a lo largo de varios ejercicios fiscales, aunque destacó que en el primer año se prevé un incremento de 25 millones de euros, pasando de los 13 millones anteriores a los 38 millones que se proyectan. Este aumento en la partida permitirá afrontar los gastos derivados de la equiparación en las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo.

Durante su comparecencia, Marlaska también defendió las acciones del Gobierno en favor de las víctimas del terrorismo, resaltando iniciativas como la apertura del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria y el aumento de las subvenciones destinadas a asociaciones y fundaciones que apoyan a estas víctimas.

En contraste, la senadora Caballero expresó su opinión sobre la situación, señalando que no es justo ni razonable que se intente vincular el voto de UPN a una demanda legítima de muchas víctimas ajenas a su partido, quienes han sufrido injusticias durante largos años. Además, hizo hincapié en que la equiparación de indemnizaciones es una verdadera deuda del Estado, que ha mostrado rapidez para establecer acuerdos que benefician a los presos de ETA, mientras que los derechos de las víctimas suelen ser atendidos de manera tardía.

Caballero indicó que esperaba que el ministro cumpliera con lo que es justo, independientemente del respaldo que UPN brinde a sus presupuestos. Aportando una crítica más, señaló que la cifra de 25 millones para el primer año es particularmente escasa, según la información a la que ha tenido acceso.

En la actualidad, las indemnizaciones para las víctimas que cuentan con sentencia son de 750.000 euros para los grandes inválidos y 500.000 euros para los casos de asesinato. En contraste, en aquellos casos en los que no hay sentencia, las indemnizaciones disminuyen a 500.000 euros y 250.000 euros, respectivamente.