El 29 de septiembre en Madrid, se ha conocido que la Fiscalía Europea (EPPO) ha solicitado al Tribunal Supremo español que aclare si la investigación en curso contra Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, incluye contratos vinculados a fondos europeos. Este movimiento se produce en el marco de un proceso que ha generado expectativas sobre las implicaciones que podría tener.

El pedido, que ha sido revelado por Europa Press, insta al juez Leopoldo Puente a que proporcione, sin más demora, detalles específicos sobre el alcance del caso que lleva entre manos, haciendo énfasis en la identificación de los contratos y subvenciones bajo escrutinio.

Las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, responsables del escrito enviado el 24 de septiembre al alto tribunal, subrayan que la legislación establece que si se trata de contratos financiados con recursos europeos, la investigación debe ser asumida por la Fiscalía Europea.

Desde el equipo de defensa de Cerdán se ha puntualizado que, hasta ahora, la Fiscalía Europea no ha optado por ejercer su "derecho de avocación" para hacerse cargo del caso. Sin embargo, advierten que si llegara a hacerlo, el juez del Supremo podría tener la obligación de abstenerse o incluso plantear un conflicto de competencias.